Este jueves 6 de febrero, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tenía en su agenda un tema que, de manera coincidente, se relaciona con el tumultuoso Consejo de Ministros del martes 4 de febrero, transmitido por televisión nacional en un hecho inédito.
En ese contexto, según informó W Radio, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió llevar a juicio a Benedetti por presunto tráfico de influencias en el caso Fonade. Esta decisión se conoce en un contexto de tensión dentro del Gobierno, luego de que su nombramiento generara un fuerte rechazo entre altos funcionarios durante el Consejo de Ministros del pasado martes.
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El alto tribunal investiga posibles anomalías en la asignación de contratos vinculados al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). De esta manera, las autoridades investigan al exsenador por su posible vinculación con la red de corrupción en la que también estuvieron involucrados los excongresistas Musa Besaile y Bernardo “Ñoño” Elías.
De hecho la Corte Suprema de Justicia confirmó esta noticia en su cuenta oficial de X diciendo lo siguiente: “Acusación contra exsenador: la #SalaEspecialDeInstrucción de la @CorteSupremaJ en sesión realizada hoy, decidió acusar al excongresista Armando Alberto Benedetti Villaneda por el delito de tráfico de influencias”.
De hecho en este proceso, los excongresistas Musa Besaile y Bernardo “Ñoño” Elías ya recibieron condenas. En la sentencia, la Corte Suprema hizo referencia al actual jefe de despacho de la Presidencia, Armando Benedetti, en al menos siete oportunidades.
La investigación está en manos de la magistrada Cristina Lombana, a quien Armando Benedetti ha criticado en repetidas ocasiones, acusándola de tener una supuesta obsesión en su contra. A pesar de sus señalamientos, los magistrados de la Sala consideraron que hay suficientes elementos probatorios para llevar a juicio al actual jefe de despacho de la Presidencia.
El testimonio de Jorge Iván Henao, exasesor de la gerencia de Fonade y testigo clave en el caso, señala que Armando Benedetti habría intervenido para que se adjudicara un contrato por 1.000 millones de pesos a la empresa Certicámara. De comprobarse su responsabilidad, el exsenador podría enfrentar una pena de prisión que oscila entre cinco años y seis meses hasta doce años.
Y es que, en marzo de 2024, el alto tribunal anunció que continuaría el proceso en su contra por el escándalo de Fonade, tras concluir que los hechos bajo investigación ocurrieron durante su ejercicio como congresista de la República. Es por ese motivo que la Corte Suprema de Justicia asumió la competencia para investigar a Armando Benedetti y determinar si corresponde imponerle una medida de aseguramiento.
En este proceso, la Corte Suprema de Justicia había concluido que no era pertinente ordenar la detención de Armando Benedetti. No obstante, ahora deberá presentarse ante el tribunal para responder a las acusaciones en su contra y demostrar su inocencia.
De acuerdo con la denuncia presentada por el abogado Jaime Lombana, Armando Benedetti habría influenciado la asignación de contratos entre 2016 y 2017, cuando aún militaba en el partido de la U. La investigación se centra en el contrato 2017865, firmado el 1 de agosto de 2017, a favor de la Sociedad Cameral de Certificación Digital (Certicámara S.A.), filial de la Cámara de Comercio de Bogotá y especializada en firmas digitales. Según el expediente, Benedetti habría dado instrucciones a su asesora Elsy Pinzón Barrera, actualmente en juicio, para intervenir de manera irregular en el proceso de adjudicación ante Jorge Iván Henao.
Por otro lado, según informó El Tiempo días antes de que se conociera la decisión de la Corte Suprema de Justicia, la defensa de Armando Benedetti afirmó que los procesos en su contra no constituyen un obstáculo para que asuma el cargo de jefe de despacho de la Presidencia. Ante la consulta sobre posibles impedimentos, la respuesta fue un rotundo no.
En ese sentido el penalista, David Benavides le explicó al medio antes mencionando que Benedetti podría acceder a todos los cargos públicos hasta el momento que haya una decisión con respecto a este caso. “Puede acceder a todos los cargos públicos. Su presunción de inocencia se mantiene hasta que haya una decisión en firme”, comentó
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