ONU estima en 75.500 las personas afectadas por la violencia en el Catatumbo

Desde mediados de enero en la ya convulsionada región del Catatumbo (Norte de Santander), en zona de frontera con Venezuela, se vive una tragedia humanitaria, que no se veía desde inicios del 2000 en el país, ante la cruenta arremetida del ELN contra el Frente 33 de las extintas Farc, con el que se disputan la ruta del narcotráfico a través del país hermano.

En la más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) señalaron que son 75.500 los civiles afectados por la violencia entre los dos grupos armados organizados.

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“En dos semanas, el desplazamiento masivo en la subregión del Catatumbo superó el número de víctimas registradas a nivel nacional en 2024. La población total afectada ha aumentado a 75.500 personas, con 51.900 desplazamientos forzados y, tras la actualización de cifras debido a limitaciones en la verificación, más de 23.600 personas confinadas”, recogieron en el balance de la última semana de enero de 2025.

La Ocha expresó preocupación por las comunidades originarias que habitan en esa zona del nororiente del país donde establecieron que al menos son 300 indígenas Barí los afectados por los enfrentamientos que han tenido lugar en las inmediaciones de sus territorios ancestrales, mientras que en el Resguardo Sakacdú hay 107 personas confinadas de manera forzada.

Señalaron también que como los combates no han cesado, ha sido complicado para las autoridades poder llegar los lugares en los que se tienen los reportes de los confinamientos.

“Algunas familias han iniciado su retorno por temor a perder sus hogares y medios de vida, lo que incrementa sus riesgos de protección en el actual contexto de inseguridad. Las restricciones al acceso han impedido la verificación de los confinamientos y la entrega oportuna de asistencia por parte de instituciones estatales y socios del Equipo Local de Coordinación (ELC), agravando las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades afectadas”, señalaron en la Ocha.

Desde el organismo recordaron que el pasado viernes llegaron a Bogotá unos 120 líderes sociales del Catatumbo para solicitar apoyo del Gobierno del presidente, Gustavo Petro.

“Los últimos reportes sobre la respuesta humanitaria indican que el Gobierno ha entregado 271 toneladas de asistencia inmediata. Además, los socios del ELC han asistido a 15.000 personas, atendiendo necesidades de albergue, salud, protección, alimentación y agua, con un enfoque en Ocaña, Tibú y Cúcuta”, destacaron en la Ocha.

Casi 8.000 personas en riesgo de desplazamiento en Putumayo

La Ocha señaló también que desde noviembre de 2024, la situación en Puerto Guzmán (Putumayo) ha sido particularmente crítica y se han registrado al menos cuatro enfrentamientos armados en los sectores rurales del municipio. Estas confrontaciones han generado un clima de temor entre la población civil, que teme quedar atrapada en medio de los combates.

Las inspecciones de Policía José María y El Recreo, que se encuentran cerca de la inspección El Gallinazo, son algunas de las áreas más afectadas. Cabe destacar que El Gallinazo ha estado bajo confinamiento desde el 23 de noviembre de 2024, lo que ha limitado severamente la movilidad de sus habitantes. Ahora, las comunidades de José María y El Recreo enfrentan un panorama similar, con restricciones que podrían prolongarse y derivar en desplazamientos forzados.

El informe también subraya la vulnerabilidad de las comunidades indígenas que habitan en estas inspecciones rurales. Estas poblaciones no solo enfrentan el riesgo de confinamiento y desplazamiento, sino que también están expuestas a prácticas como el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados. Este tipo de acciones representan una grave violación a los derechos humanos y generan un impacto devastador en el tejido social de estas comunidades.

Además, las restricciones a la movilidad y el acceso humanitario dificultan la llegada de ayuda a estas poblaciones, lo que podría agravar las condiciones de vida de los habitantes de estas zonas. La falta de acceso a servicios básicos y la imposibilidad de desplazarse libremente son factores que incrementan la vulnerabilidad de estas comunidades frente a la crisis.