El presidente Gustavo Petro expresó su firme respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras la decisión del gobierno de Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, de congelar 15.000 millones de pesos destinados a proyectos de justicia transicional en Colombia.
La medida, que suspende la cooperación por noventa días, ha dejado en incertidumbre varios proyectos de la JEP, fundamentales para el proceso de paz y reparación a las víctimas del conflicto armado en el país.
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A través de su cuenta en X, Petro subrayó que la suspensión de los fondos es un intento de frenar el avance en la búsqueda de la verdad sobre el conflicto armado.
“La verdad sobre el conflicto armado de Colombia, que es el primer hecho de indemnización de millones de víctimas en Colombia, no se puede suspender”, afirmó el mandatario.
El presidente colombiano comparó la decisión de Estados Unidos con “tapar los murales que pintan sobre la masacre en la escombrera de Medellín”, un acto simbólico de ocultar la memoria histórica y las víctimas del conflicto.
Petro también recordó que, a pesar de la postura de Trump, “la paz necesita verdad”, y afirmó que la JEP ha sido crucial para descubrir los crímenes sistemáticos, como el asesinato de miles de jóvenes por parte del gobierno colombiano.
Ante la medida tomada por el gobierno de EE.UU., Petro aseguró que el gobierno nacional se encargará de reemplazar con fondos propios los recursos congelados, garantizando el funcionamiento de la JEP y la continuidad de su presunto labor en la construcción de paz en Colombia.
Según informó El Tiempo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) suspendió la financiación de proyectos clave para la implementación de los Acuerdos de Paz, como la justicia transicional y la reforma rural integral.
Esta decisión, que afecta directamente a entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), deja en el aire fondos que ascendían a 35 millones de dólares mensuales (420 millones de dólares anuales).
De acuerdo con El Tiempo, la medida se oficializó cuatro días después de la posesión de Trump, cuando el entonces secretario de Estado, Marco Rubio, envió una orden ejecutiva a las embajadas estadounidenses en todo el mundo.
En esta comunicación, se instruyó la suspensión de la ayuda internacional destinada a proyectos de desarrollo, una decisión que impacta no solo a Colombia, sino también a otros países receptores de estos fondos, incluidos aquellos en situaciones de extrema pobreza o conflicto, como Gaza.
Sin embargo, la orden excluye a los principales aliados comerciales de Estados Unidos, Egipto e Israel, que continuarán recibiendo apoyo militar.
La suspensión de estos recursos representa un golpe significativo para Colombia, especialmente en áreas relacionadas con la implementación de los acuerdos firmados en 2016 entre el gobierno colombiano y las Farc.
Según detalló El Tiempo, los fondos congelados por la Usaid estaban destinados a proyectos esenciales para la consolidación de la paz, como el fortalecimiento de la justicia transicional a través de la JEP y la ejecución de la reforma rural integral, un componente clave para reducir las desigualdades en el campo colombiano.
Aunque la situación aún presenta algunas tensiones, la crisis diplomática ha llegado a su fin. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aliada cercana de Gustavo Petro, celebró el acuerdo alcanzado entre Colombia y Estados Unidos, resaltando la importancia del diálogo y el respeto mutuo en las relaciones internacionales.
Durante su conferencia matutina del lunes 27 de enero, Sheinbaum expresó: “Nos parece bien que hayan llegado al final a un acuerdo entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos. No son buenos ni las tarifas ni otros mecanismos. Ayer por la noche, entiendo, se llegó a un acuerdo entre ambos gobiernos y eso es bueno porque debe prevalecer el diálogo y el respeto”.
Sheinbaum también fue consultada sobre la relación de México con Estados Unidos, la cual calificó como positiva. Sin embargo, evitó emitir recomendaciones a otros países de la región, argumentando que cada nación tiene su propia forma de gestionar sus relaciones internacionales. Subrayó la importancia de mantener la calma y defender tanto la soberanía como los derechos de los connacionales.
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