Los detalles que se conocieron la mañana del martes 28 de enero de 2025, y que permitieron a la Fiscalía General de la Nación acceder al supuesto paso a paso de un plan para asesinar al exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, podrían calificarse como propios de una película.
El exmandatario de la capital de Norte de Santander se encuentra cumpliendo una pena de 27 años de cárcel bajo detención domiciliaria, en parte debido a los problemas de salud que presentó durante su estancia en la cárcel La Picota, en Bogotá, y que, en varias ocasiones, requirieron su ingreso a centros médicos de la capital.
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Esto provocó la decisión por parte del togado, y desde ese momento Suárez Corzo se trasladó a Cúcuta, donde cumple la condena por el homicidio del abogado Alfredo Enrique Flórez, quien en su momento era asesor de la Alcaldía de esa ciudad, cometido en el 2003 por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y en él tuvo participación el exalcalde,
Debido a esto, en mayo de 2024 un juez ordenó casa por cárcel para el condenado exalcalde Ramiro Suárez Corzo. Sin embargo, los detalles del informe que reveló W Radio dejaron sendas pruebas de lo que sería el plan que se había orquestado para acabar a tiros con la vida del hombre señalado de nexos con grupos paramilitares.
Qué reveló la Fiscalía como pruebas del plan para asesinar al exalcalde de Cúcuta
Un informe judicial detalló el presunto complot para acabar con la vida de Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta. Según lo que reveló la emisora, la Fiscalía General de la Nación cuenta con evidencia clave que incluye grabaciones, fotografías, videos y documentos que apuntan a un detallado plan que se fraguó hasta el más mínimo detalles.
El objetivo de los sicarios que habían sido contratados para cumplir con su misión, era ingresar a la residencia del exfuncionario y perpetrar el homicidio. Para realizar esta tarea que tenía un alto grado de complejidad, el pago por cometer el crimen habría sido pactado en 700 millones de pesos colombianos (cerca de 175.000 dólares estadounidenses con corte a la tasa de cambio del 28 de enero de 2025).
La información sobre el lugar de residencia de Suárez Corzo, que debía ser confidencial, habría sido filtrada mediante pagos adicionales de 20 millones de pesos (unos 5.000 dólares) a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) o de la Policía Nacional. Estas transacciones habrían permitido a los responsables del plan obtener datos clave para ejecutar el ataque.
Las pruebas que recopiló la Fiscalía: grabaciones, videos y documentos
Entre los elementos probatorios recopilados por la Fiscalía se encuentran dos grabaciones de audio, un video de 1 minuto y 11 segundos, y fotografías que muestran cómo un vehículo se aproxima al edificio donde reside Suárez Corzo. Según la misma emisora, estas imágenes serían parte de una verificación previa del lugar y de las medidas de seguridad del inmueble.
En uno de los audios, un hombre desconocido menciona la necesidad de actuar con cautela para llevar a cabo el plan. “Toca con manos de seda, guantes de seda”, se escucha en la grabación, lo que sugiere un enfoque meticuloso para evitar errores.
En otro audio, el mismo hombre hace referencia a la necesidad de uniformes del Inpec para facilitar el ingreso al domicilio del exalcalde y menciona la posibilidad de secuestrarlo como parte del plan.
Además, la Fiscalía cuenta con una cartilla biográfica del interno, en la que se detallan las visitas recibidas por Suárez Corzo y la dirección de su residencia. Este documento habría sido utilizado para planificar el ataque.
Los pagos y transacciones claves detrás del plan para asesinar a Ramiro Suárez Corzo
El informe judicial también incluye pruebas de pagos realizados para obtener información sobre el paradero de Suárez Corzo. Como parte de las pruebas que compartió el mismo medio de comunicación, el 19 de noviembre de 2024, una fuente entregó a la Fiscalía una fotografía de una consignación por 20 millones de pesos, que presuntamente corresponde al pago por la ubicación de los datos de arraigo del exalcalde.
Luego, el 17 de diciembre de 2024, la misma fuente presentó cinco comprobantes de consignaciones bancarias por diferentes montos. Según ese testimonio, estos pagos habrían sido realizados para concretar la estrategia que permitiría ingresar al domicilio de Suárez Corzo y ejecutar el homicidio.
En el informe también se menciona que uno de los reclusos implicados en la planificación del atentado fue liberado el 12 de diciembre de 2024. Esto podría haber facilitado la ejecución del plan.
A raíz de estas revelaciones, el defensor de Suárez Corzo, Felipe Álzate, expresó su preocupación por la filtración de información confidencial sobre el lugar de residencia de su cliente. En declaraciones a la emisora, Álzate subrayó que solo el juzgado de ejecución de penas, la Policía Nacional y el Inpec tenían acceso a estos datos.
Asimismo, hizo un llamado urgente para que se implementen medidas de seguridad que protejan la vida del exalcalde y la de su familia.
En respuesta a las acusaciones, las directivas del Inpec aseguraron que han colaborado de manera estrecha con la Fiscalía en la investigación de este caso. Según explicaron al medio, esta colaboración hace parte de las acciones de la operación Dominó, una iniciativa destinada a combatir la corrupción en las cárceles del país y a prevenir situaciones que puedan poner en riesgo tanto a los internos como a los funcionarios penitenciarios.
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