Un caso de presunto maltrato animal ocurrido en Tuluá, Valle del Cauca, ha generado conmoción en la comunidad y entre organizaciones defensoras de los derechos de los animales.
Un veterinario fue judicializado e imputado por la Fiscalía General de la Nación tras ser acusado de provocar la muerte de un perro llamado Yogui mediante descargas eléctricas, un método que calificaron de cruel e inadecuado.
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Según la investigación llevada a cabo por el Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía, el veterinario, identificado como Gustavo Muñoz Ramírez, debió haber realizado un procedimiento de eutanasia utilizando medicamentos específicos. Sin embargo, optó por emplear un cable eléctrico, sometiendo al animal a un sufrimiento innecesario y extremo.
Un procedimiento irregular y cruel
El caso tuvo lugar el 9 de septiembre de 2024 en una vivienda del barrio Diablos Rojos de Tuluá. Según el testimonio de la dueña de Yogui, el perro fue llevado al consultorio del veterinario debido a un comportamiento agresivo, con la intención de practicarle la eutanasia. Durante el procedimiento, ella y su pareja presenciaron el momento en que el veterinario, en lugar de administrar medicamentos, conectó cables al animal para realizar descargas eléctricas.
“La muerte del canino Yogui resulta de una fibrilación cardiaca mientras el animal estaba consciente, lo que involucró dolor y sufrimiento insoportable. Además, este método es extremadamente peligroso para quienes están cerca”, explicó la fiscal encargada del caso durante la audiencia.
La dueña denunció los hechos y aportó pruebas, indicando que el veterinario justificó su acción argumentando que había suministrado medicamentos previamente, lo cual no fue cierto. Esta declaración generó más indignación entre la comunidad y los colectivos animalistas.
Reacción de las organizaciones defensoras de animales
La Fundación Derecho Animal Colombia fue una de las primeras en denunciar el caso en redes sociales, exponiendo detalles sobre el procedimiento irregular al que fue sometido Yogui. A través de un comunicado, exigieron a las autoridades locales que tomaran medidas y cuestionaron el actuar del veterinario, a quien señalaron de haber cometido actos similares en el pasado.
“Le exigimos a la Alcaldía Municipal que se pronuncie. No es la primera vez que este personaje realiza actos en contra de los animales. Este caso debe marcar un precedente para garantizar justicia y prevenir futuros abusos”, expresó la organización.
La indignación también se extendió a otros sectores de la sociedad. Ciudadanos y activistas han reiterado la necesidad de reforzar las leyes contra el maltrato animal y de realizar un seguimiento riguroso a quienes ejercen profesiones relacionadas con el cuidado de animales.
Intervención de la Fiscalía y cargos imputados
La Fiscalía General de la Nación, a través de Gelma, imputó a Gustavo Muñoz Ramírez por el delito de maltrato animal, establecido en la legislación colombiana. Durante la audiencia de imputación, se detalló que el veterinario había optado por un método inhumano y riesgoso, a pesar de contar con los conocimientos necesarios para realizar un procedimiento adecuado.
“Producto de esta actuación, Yogui fue sometido a una condición extrema que lo dejó inconsciente y le ocasionó la muerte”, destacó el comunicado oficial de la Fiscalía. Además, señalaron que las acciones del veterinario contravenían los estándares éticos y profesionales.
El acusado no aceptó los cargos y aseguró que su intención no era causar sufrimiento al animal. Sin embargo, la Fiscalía continúa recopilando pruebas para sustentar el caso y garantizar una resolución justa.
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer las políticas de protección animal en Colombia. Aunque el país cuenta con leyes que penalizan el maltrato, organizaciones defensoras insisten en que hace falta una aplicación más rigurosa y un seguimiento a quienes cometen estos delitos.
Mientras avanza el proceso judicial contra Gustavo Muñoz Ramírez, el caso de Yogui se ha convertido en un símbolo de lucha por los derechos de los animales.
La comunidad espera que este episodio marque un antes y un después en la manera en que se aborda el maltrato animal en Colombia y que se traduzca en cambios significativos para garantizar el bienestar de las mascotas y otros seres vivos.
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