La violencia en la región del Catatumbo, ubicada en el noreste de Colombia y fronteriza con Venezuela, alcanzó niveles alarmantes en los últimos días, dejando un saldo de entre 60 y 80 muertos, según cifras de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Norte de Santander.
Este brote de violencia, asociado a los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, ha desplazado a más de 41.000 personas y dejado más de 12.500 personas confinadas en sus comunidades.
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En medio de esta crisis, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció haciendo un llamado urgente para garantizar la protección de las víctimas y proporcionar asistencia humanitaria a las comunidades afectadas.
“Se deben brindar las garantías a las comunidades del Catatumbo y de manera oportuna suministrar las ayudas humanitarias ante este grave hecho, y de esa forma lograr que se garantice el adecuado funcionamiento de las instituciones”, expresó el jefe del Ministerio Público en un comunicado de su despacho. Y agregó que, “es inconcebible que los grupos armados ilegales de esta región no respeten los derechos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.
Intervención de la Procuraduría en procesos penales
Además de su llamado a la atención humanitaria, el procurador también señaló la importancia de intervenir en los procesos penales relacionados con los crímenes cometidos en la región. Para ello, la entidad constituyó tres agencias especiales para hacerse cargo de los procesos que se han iniciado por el homicidio de tres firmantes de paz y un líder social.
La encargada será la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, que designó a procuradores especiales para acompañar las investigaciones en los municipios de El Tarra, Teorama y Tibú, donde se perpetraron los crímenes. Pedro Rodríguez Mejía y Albeiro Díaz Franco, asesinados el 16 de enero en El Tarra y Teorama, respectivamente, son dos de las víctimas mortales.
Asimismo, el líder social Pedro María Ropero Delgado, quien perdió la vida el 18 de enero en Tibú, y Jhan Carlos Carvajalino Quintero, firmante de paz asesinado en la vereda La Libertad, municipio de Convención, también forman parte de las víctimas.
Otras acciones ante la ola de violencia
Además de las investigaciones en curso, la Procuraduría General de la Nación anunció que está trabajando de manera coordinada con otras entidades del gobierno para mitigar los efectos de la crisis humanitaria en la región. La delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, en conjunto con las procuradurías provinciales de Cúcuta y Ocaña, inició acciones para proteger a la población desplazada y activar rutas de atención urgente.
“El compromiso del Ministerio Público es claro: se deben brindar las garantías para que las comunidades del Catatumbo puedan reconstruir sus vidas, mientras se avanza en la protección de los derechos de las personas afectadas por esta violencia”, reiteró el procurador Eljach.
En este contexto, después de una reunión de más de cinco horas en Cúcuta, el Gobierno nacional definió un conjunto de medidas para abordar la crisis humanitaria en el Catatumbo. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, indicó que el presidente Gustavo Petro participará en un Consejo de ministros en Ocaña el 27 de enero para evaluar el avance de estas iniciativas; mientras tanto, por orden presidencial el jefe de cartera anunció una ofensiva militar contra el ELN, buscando frenar las violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por esta organización armada.
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