La reciente afirmación de Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, sobre la posibilidad de que un joven que inicie su vida laboral a los 21 años pueda alcanzar una pensión equivalente a 17 salarios mínimos desató una tormenta de críticas y reacciones en Colombia. En un contexto de reforma pensional y preocupación por la sostenibilidad del sistema, estas palabras han sido calificadas como “irreales y engañosas” por diversos sectores.
Ingrid Betancourt, excandidata presidencial y reconocida líder de opinión, se sumó al coro de voces que cuestionaron las declaraciones de Dussán. En su cuenta de X, Betancourt escribió: “Cuentas alegres de precampaña para engañar inocentes”., cuestionando la veracidad de las cuentas hechas por el presidente de Colpensiones.
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Y agregó: “Son demasiadas las variables para poder predecir, como si se tuviera una bola de cristal, que la cotización pensional del salario mínimo permitirá pagar pensiones de 17 salarios mínimos. Lo que van a lograr es un hueco pensional 17 veces más grande que el actual. Y mucho a causa de la corrupción”, poniendo sobre la mesa un problema estructural: la corrupción como factor clave en la insostenibilidad del sistema pensional. La excandidata también señaló que este tipo de afirmaciones pueden ser parte de estrategias políticas para generar expectativas irreales en los ciudadanos.
La polémica no terminó con las declaraciones de Betancourt. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, cuestionó la capacidad del Gobierno de Gustavo Petro para gestionar los recursos pensionales y afirmó que comentarios como los de Dussán “reflejan la capacidad de mentir”. Valencia también manifestó su preocupación por el impacto que estas afirmaciones podrían tener en la confianza ciudadana hacia el sistema pensional.
Desde una perspectiva técnica, economistas como Alexander Ríos calificaron las declaraciones de Dussán como una “infamia”, argumentando que carecen de fundamento matemático y financiero. Ríos explicó que, bajo las condiciones actuales, es imposible alcanzar una pensión de esa magnitud con las cotizaciones provenientes de un salario mínimo.
Jerome Sanabria, vocera del movimiento No con mi Ahorro, fue aún más contundente al calificar la afirmación de Dussán como “criminal”. Sanabria recordó que el sistema actual garantiza, como máximo, una pensión equivalente al salario mínimo para quienes cotizan con esa base, destacando que prometer montos superiores sin respaldo sólido genera falsas expectativas.
Sobre el sistema pensional y la reforma del Gobierno
La declaración de Jaime Dussán llega en un momento crítico para el sistema pensional colombiano. Con la reciente promulgación de la Ley 2381 de 2024, que introdujo una reforma estructural al sistema de jubilación, el Gobierno busca ampliar la cobertura y garantizar la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, este objetivo enfrenta retos significativos en términos de implementación, pedagogía y confianza ciudadana.
El modelo actual presenta una situación compleja. Solo un pequeño porcentaje de los trabajadores logra cumplir con los requisitos para acceder a una pensión, debido a factores como la alta informalidad laboral, los bajos salarios y las estrictas exigencias de semanas mínimas de cotización. Además, los afiliados que cotizan con un salario mínimo tienen derecho, en el mejor de los casos, a una pensión equivalente a ese monto, actualmente fijado en $1.423.500.
Otro de los mayores cambios introducidos por la reforma es la transición hacia las Administradoras de Ahorro Colectivo con Aporte Individual (Accai). Bajo este nuevo esquema, los trabajadores deben cotizar los primeros 2,3 salarios mínimos en Colpensiones, mientras que los ingresos adicionales serán administrados por las Accai. Este modelo busca unificar los ahorros individuales y públicos, pero ha generado dudas sobre su efectividad y sostenibilidad a largo plazo.
En este contexto, mientras el Gobierno intenta avanzar con una reforma estructural, las críticas de expertos y líderes políticos como Ingrid Betancourt subrayan la necesidad de mayor transparencia y rigor técnico en la comunicación de proyecciones y promesas; pues la sostenibilidad del sistema pensional no solo depende de reformas legislativas, sino también de la confianza y la participación activa de los ciudadanos en su propio futuro financiero.
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