La Defensoría del Pueblo aprieta el cinturón con menos viáticos por austeridad del Gobierno, ¿sí dan las cuentas?

En un contexto marcado por la necesidad de ajustes fiscales, Colombia enfrenta una serie de decisiones destinadas a optimizar el uso de los recursos públicos. La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de la abogada Iris Marín, implementó un recorte en el porcentaje de viáticos asignados a sus funcionarios. Estos recortes afectan a quienes se desplazan por el territorio nacional con el objetivo de proteger y promover los derechos humanos en diversas comunidades.

La medida de reducción de viáticos es parte de una estrategia más amplia que busca garantizar la sostenibilidad fiscal del país para 2025. Este plan es impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y oficializado a través del Ministerio de Hacienda, liderado por Diego Guevara. En el documento emitido por el ministerio, se señala que “las actuaciones de los órganos del poder público deben desarrollarse, entre otros, con fundamento en los principios de eficiencia, equidad y economía para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, relacionados con la ordenación y ejecución del Presupuesto General de la Nación y, en general, con la administración de bienes y recursos públicos”.

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Aunque la medida implica una disminución en los viáticos, la Defensoría del Pueblo manifestó su compromiso de continuar con su labor fundamental. “Reafirmamos nuestra dedicación a la protección de los derechos humanos, garantizando una gestión responsable y transparente de los recursos públicos”, señaló la entidad. Este compromiso se mantendrá firme a pesar de las restricciones presupuestarias que se adoptaron en diferentes órdenes del Gobierno.

La situación fiscal también llevó a ajustes en otras instituciones públicas. La Procuraduría General de la Nación, que junto con la Defensoría forma parte del Ministerio Público, también experimentó recortes en su presupuesto para el 2025. Estos ajustes se alinean con el plan de austeridad implementado por el Ejecutivo, que también contempla una considerable reducción en los contratos de prestación de servicios de los funcionarios públicos. Esta decisión afecta a aproximadamente 160.000 contratistas del Estado, quienes ven sus labores en un estado de incertidumbre. En un gesto simbólico de apoyo a las medidas de austeridad, el presidente Gustavo Petro canceló su viaje diplomático a Davos, Suiza.

¿Es suficiente el plan de austeridad?

Tras conocerse el Plan de Austeridad, surgen dudas sobre su capacidad para evitar mayores daños a las finanzas públicas. Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto en la Universidad del Rosario, señaló en El País que la propuesta no implica recortes presupuestarios inmediatos, sino aplazamientos de apropiación “que aún no están cuantificados, pues se están definiendo los lineamientos, mirando de dónde se van a hacer los recortes, pero lo importante es que se anuncia que serán más estrictos en las contrataciones y en la reducción de horas extras, etc.”.

Amorocho también aclaró que esta medida no tendrá un impacto significativo “porque son doce billones de pesos los que hay que bajar. En lo que sí debe haber un peso es en la reducción de los contratos por prestación de servicios, porque fue ahí donde el año pasado se presentó un aumento significativo”. Además, insistió en que “el Gobierno está en mora de hacer un cierre fiscal de 2024″.

Por otro lado, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas señaló que este Gobierno contó con más recursos que cualquier otro, pero “lo que pasa es que la gasta muy mal, en actividades que no son visibles para todos los colombianos, solo para unos pocos, como los sindicatos, por ejemplo, más sueldo para los empleados estatales”, aseguró.

Cárdenas reiteró que los fondos no se destinaron a mejorar la calidad de vida de los colombianos, “porque las obras de infraestructura no se ven”. A su juicio, el Plan de Austeridad del Gobierno Nacional debió incluir aspectos como “reversar el Ministerio de la Igualdad o desde ya tomar decisiones sobre cuáles serán las decisiones que se van a tomar desde el Gobierno central y cuáles se les van a delegar a los departamentos y a los municipios”.