Un informe reciente ha revelado que 23.410 personas fallecidas fueron incluidas en reportes de gastos por atención médica, lo que representa un monto de 79.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 19.5 millones de dólares).
Este hallazgo, expuesto por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de los recursos asignados al sistema de salud en Colombia.
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En este contexto, el incremento del 5.36% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025, defendido por el gobierno, se ha convertido en el centro de una controversia que involucra a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), el Congreso y el propio Ministerio de Salud.
El ministro Jaramillo ha sostenido que el aumento de la UPC está respaldado por estudios técnicos y que su cálculo se vio afectado por la negativa del Congreso a aprobar la Ley de Financiamiento en 2024, según lo dio a conocer Blu Radio.
Este rechazo, según el funcionario, limitó la capacidad del gobierno para realizar un ajuste mayor en la UPC. “La cifra está sustentada, no me la saqué del sombrero”, afirmó Jaramillo, quien además subrayó la necesidad de garantizar que cada peso invertido en salud sea utilizado de manera eficiente.
El manejo de los recursos por parte de las EPS ha sido objeto de críticas por parte del ministro, quien señaló que algunas de estas entidades han reportado gastos relacionados con la atención de personas fallecidas. Este hecho, según Jaramillo, pone en duda la transparencia y la eficiencia en la gestión de los fondos públicos destinados al sector salud. “No podemos seguir con un presupuesto que no justifica su existencia”, enfatizó el ministro, quien además cuestionó la necesidad de aumentar el financiamiento sin una rendición de cuentas clara.
En medio de esta discusión, Jaramillo reveló que un funcionario del Ministerio de Salud había recomendado un incremento del 20% en la UPC, pero calificó a esta persona como “tráfuga” y señaló que fue despedida tras realizar dicha sugerencia.
Según el ministro, esta situación demuestra que el ajuste del 5.36% es suficiente para garantizar el funcionamiento del sistema de salud. “Si no es suficiente, pues miremos de dónde vamos a sacar los recursos, porque al Gobierno nacional no se le puede pedir que le nieguen el financiamiento para el presupuesto”, añadió.
Un informe reciente ha revelado que 23.410 personas fallecidas fueron incluidas en reportes de gastos por atención médica, lo que representa un monto de 79.000 millones de pesos colombianos(aproximadamente 19.5 millones de dólares).
Este hallazgo, expuesto por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de los recursos asignados al sistema de salud en Colombia. En este contexto, el incremento del 5.36% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC)para 2025, defendido por el gobierno, se ha convertido en el centro de una controversia que involucra a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), el Congreso y el propio Ministerio de Salud.
Según informó Blu Radio, el ministro Jaramillo ha sostenido que el aumento de la UPC está respaldado por estudios técnicos y que su cálculo se vio afectado por la negativa del Congreso a aprobar la Ley de Financiamiento en 2024. Este rechazo, según el funcionario, limitó la capacidad del gobierno para realizar un ajuste mayor en la UPC. “La cifra está sustentada, no me la saqué del sombrero”, afirmó Jaramillo, quien además subrayó la necesidad de garantizar que cada peso invertido en salud sea utilizado de manera eficiente.
El manejo de los recursos por parte de las EPS ha sido objeto de críticas por parte del ministro, quien señaló que algunas de estas entidades han reportado gastos relacionados con la atención de personas fallecidas. Este hecho, según Jaramillo, pone en duda la transparencia y la eficiencia en la gestión de los fondos públicos destinados al sector salud. “No podemos seguir con un presupuesto que no justifica su existencia”, enfatizó el ministro, quien además cuestionó la necesidad de aumentar el financiamiento sin una rendición de cuentas clara.
El ministro Jaramillo ha insistido en que es fundamental revisar el destino de los recursos asignados al sistema de salud y garantizar que estos se utilicen de manera adecuada.
El debate sobre la UPC se enmarca en un contexto político complejo, marcado por la negativa del Congreso a aprobar la Ley de Financiamiento propuesta por el gobierno en 2024. Según explicó el ministro Jaramillo, esta decisión limitó la capacidad del Ejecutivo para realizar un ajuste mayor en la UPC, lo que ha generado tensiones entre el gobierno y las EPS, así como críticas por parte de diversos sectores de la sociedad.
El presidente Gustavo Petro ha instruido a su gabinete a priorizar la inversión social, lo que incluye garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para la población. Sin embargo, el manejo de la UPC y las denuncias sobre irregularidades en los reportes de gastos han puesto en entredicho la capacidad del sistema de salud para cumplir con estos objetivos.
El ministro Jaramillo ha destacado la importancia de garantizar que cada peso invertido en salud sea utilizado de manera eficiente y transparente. “Es fundamental que revisemos hacia dónde van los recursos y que cada peso invertido en salud sea un peso bien gastado”, afirmó.
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