
El Gobierno nacional podría convocar sesiones extraordinarias en el Congreso antes del 16 de febrero de 2025. Esta medida buscaría adelantar la discusión de reformas fundamentales en la agenda legislativa, como la reforma a la salud, la laboral y la jurisdicción agraria, todas con mensaje de urgencia.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró para algunos medios comunicación que: “Sin duda alguna, lo que ocupará la atención del Congreso y del Gobierno son tres proyectos esenciales. La reforma a la salud, que tiene que continuar su discusión en la plenaria de la Cámara. Aspiramos a que se inicie en las sesiones y pueda hacer tránsito al Senado de la República”.
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El funcionario también destacó que la reforma laboral ya tiene ponencia en la Comisión Séptima del Senado, mientras que la jurisdicción agraria avanza con un amplio respaldo tras su aprobación en las comisiones primeras de Senado y Cámara. Según conoció Blu Radio, la convocatoria también incluiría el proyecto de ley de competencias relacionado con el acto legislativo del Sistema General de Participaciones, que sería presentado oficialmente el 20 de julio.
En contraste, el jefe de cartera no abordó la posibilidad de una nueva reforma tributaria, a pesar de los rumores que han ganado fuerza en el ámbito político. Esta opción, planteada inicialmente por Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), buscaría subsanar el déficit presupuestal tras el hundimiento de la ley de financiamiento en la legislatura pasada. Sin embargo, el ambiente en el Congreso parece desfavorable para un proyecto que modifique el esquema tributario actual, con varias voces manifestándose en contra.
El anuncio del director del DNP se produce luego del hundimiento de la conocida ley de financiamiento, una propuesta que había sido calificada por sus detractores como la “reforma tributaria 2.0″. Esta ley fue clave para el Ejecutivo, ya que se consideraba fundamental para asegurar la financiación de programas sociales y proyectos prioritarios en áreas como educación, salud, reforma agraria y seguridad alimentaria.
López defendió la necesidad de la reforma y subrayó que el Gobierno sigue comprometido con garantizar los derechos fundamentales de la población, a pesar de los obstáculos. “Avanzamos en nuestro proyecto de garantizar los derechos de la población y por eso hemos protegido recursos para la educación, salud, reforma agraria y seguridad alimentaria”.

El funcionario no escatimó en críticas hacia el Congreso, señalando que la falta de aprobación de la ley de financiamiento había generado serias dificultades fiscales. Esta ley, que originalmente tenía como objetivo recaudar cerca de 11,8 billones de pesos, vio sus expectativas reducidas a 9,8 billones con la llegada del nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara. “El Legislativo ha ocasionado los actuales problemas fiscales al no aprobar la ley de financiamiento”, añadió, subrayando que el Gobierno debe seguir adelante con su plan de asegurar el financiamiento necesario para programas esenciales, mientras espera que el Congreso tome decisiones clave para evitar que el país enfrente un déficit fiscal insostenible.
“Los recursos son insuficientes, por eso vamos a insistir en que el Congreso debe aprobar o una ley de financiamiento o una nueva tributaria”, puntualizó Alexander López. Además, el director del DNP enfatizó que el enfoque de la nueva propuesta del Gobierno será que aquellos con mayores ingresos contribuyan de manera equitativa al sistema fiscal, asegurando una distribución más justa de los recursos.
Por ahora; lo cierto es que, de confirmarse las sesiones extraordinarias, el Gobierno daría un paso firme en la consolidación de su agenda legislativa de 2025, aunque el camino hacia la aprobación de varias de estas reformas promete ser un terreno de intenso debate político.
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