El Carnaval de Negros y Blancos, uno de los eventos más emblemáticos de Colombia, se celebra cada año en Pasto, Nariño, del 2 al 7 de enero.
Este evento fue reconocido por la Unesco en 2009 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y se destaca por su vibrante despliegue artístico, la danza, y las tradiciones culturales que fusionan influencias indígenas, afrocolombianas y coloniales.
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Sin embargo, la edición de este año ha estado marcada por una controversia política que ha generado un intenso rechazo por parte del partido Centro Democrático.
Álvaro Uribe el protagonista
Uno de los diseños más controversiales mostró una figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez empujando una carretilla cargada de huesos y calaveras, con un letrero que decía “Matador sin ley”.
Otra carroza representó al exmandatario en un barco acompañado de ratas, con la inscripción “Se hunde el imperio del miedo”.
Estas imágenes fueron compartidas por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, que describió las carrozas como una “inventiva popular” dentro del contexto del carnaval.
La publicación de Petro, lejos de ser un simple comentario sobre la creatividad de los participantes del carnaval, desató una ola de críticas por parte del Centro Democrático, el partido político fundado por Álvaro Uribe.
La reacción fue inmediata y enérgica, dado que a través de su cuenta de X, la colectividad consideró que las caricaturas reflejaban un “resentimiento” hacia Uribe y condenaron el respaldo que el presidente Petro les dio al calificarlas como un ejemplo de “inventiva”.
En su respuesta, el Centro Democrático no dudó en recordar el pasado del presidente Petro como miembro del grupo guerrillero M19, acusándolo de haber contribuido a la violencia en Colombia.
“Presidente Petro, llamar ‘inventiva’ a una desacertada caricatura cargada de resentimiento merece nuestro más enérgico rechazo”, afirmó el partido.
“Su desafortunado comentario no borra la verdad ni el dolor de la historia que usted ayudó a escribir como miembro del M19, un camino de violencia y muerte que Colombia no olvida”, se lee en la publicación en una clara alusión a la trayectoria en la guerrilla y el pasado político del primer mandatario.
La declaración no solo atacó la figura de Petro, sino que apuntó contra la gestión de su gobierno, acusándolo de promover la corrupción mientras “reescribía” la historia a su conveniencia.
Este enfrentamiento entre el presidente Petro y el Centro Democrático se enmarca en un contexto político ya tenso en Colombia.
La postura del Centro Democrático sobre el carnaval y la reacción a las carrozas de Uribe reflejan una vez más las tensiones existentes en la política colombiana.
Para el partido, la publicación del presidente Petro no solo es un ataque a Uribe, sino una representación de lo que consideran una agenda de revanchismo y polarización, que amenaza con aumentar las fracturas sociales y políticas en un país aun luchando por superar su pasado de conflicto armado.
Uribe defendió la Operación Orión
El expresidente Álvaro Uribe, por su parte, ha sido una figura clave en la política colombiana y continúa siendo un líder influyente dentro del Centro Democrático.
Uribe se ha destacado por su postura firme contra los procesos de paz y la justicia transicional, lo que le ha generado tanto seguidores como detractores.
Pero, el expresidente ha sido señalado luego de que se encontraran restos óseos en el sector de La Escombrera en la Comuna 13 en Medellín, sitio en el que se registró la Operación Orión entre el 16 y 17 de octubre de 2002.
En este contexto, sus declaraciones sobre la operación Orión, que tuvo lugar en la comuna 13 de Medellín durante su gobierno, reflejaron su enfoque en la seguridad y la lucha contra los grupos armados ilegales.
Uribe defendió la operación argumentando que la comuna 13 estaba bajo el control de guerrilleros y paramilitares y subrayó que la intervención fue crucial para recuperar el orden en la zona.
A su juicio, la comuna 13, hoy convertida en un centro de arte y turismo, fue transformada gracias a esta acción: sin embargo, críticos de la operación aseguran que su implementación afectó a la población civil, dejando un legado de violencia y desplazamiento forzado, un tema que sigue siendo objeto de controversia y debate.
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