Jaime González, expresidente ejecutivo de la EPS Coosalud desde 1996 hasta noviembre de 2024, instauró una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el superintendente de Salud, Giovanni Rubiano, y la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, acusándolos de cometer injuria y calumnia agravada.
Esta acción legal se produce en medio de un escándalo de corrupción que involucra a Coosalud y que ha derivado en la intervención de la cooperativa por parte de ambas superintendencias.
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Acusaciones y toma de posesión de Coosalud
El jueves 19 de diciembre, la Superintendencia Nacional de Salud, liderada por Giovanni Rubiano, y la Superintendencia de la Economía Solidaria, dirigida por María José Navarro, anunciaron la toma de posesión de Coosalud tras identificar irregularidades financieras. Según las autoridades, la EPS transfirió $433.000 millones a Coosalud Inversa, un monto que incluye $203.000 millones debitados por el banco GNB Sudameris y más de $229.000 millones por préstamos previos.
La decisión responde a lo que las superintendencias han señalado como un desvío de recursos de magnitud significativa, lo que llevó a intervenir la cooperativa. Dentro de esta medida, la Superintendencia de la Economía Solidaria tendrá dos meses para realizar una auditoría exhaustiva que determine si la intervención avanza hacia una administración temporal o directamente a la liquidación de la cooperativa. Las acusaciones que enfrenta Coosalud, que gestiona más de tres millones de afiliados, han puesto en el centro del debate la transparencia en la presentación de sus estados financieros y su manejo empresarial.
Defensa del expresidente de Coosalud
Jaime González, que actuó como representante legal de Coosalud y de las empresas de su conglomerado, rechazó las acusaciones planteadas por las superintendencias. En declaraciones recogidas por el medio El Tiempo, González aseguró que los giros de recursos y las transacciones realizadas con el banco GNB Sudameris estaban dentro del marco legal. Además, calificó la intervención como una “cortina de humo” que busca desviar la atención de la grave crisis que enfrenta el sistema de salud colombiano. “Nosotros consideramos que esto es un mecanismo para desviar la atención”, afirmó.
El expresidente explicó que la estructura financiera de Coosalud obedece a un modelo empresarial iniciado en 2017, cuando la cooperativa fue reorganizada para poder obtener capitalización y mantener su operación. Según González, la cooperativa comunitaria original evolucionó para convertirse en una EPS, lo que implicó crear un conglomerado empresarial con varias compañías asociadas, entre ellas Coosalud Inversa, como vehículos financieros para movilizar activos y operar con sostenibilidad económica.
“En el año 2017, que fue cuando se hizo ese proceso de reorganización empresarial, los recursos que necesitaba la empresa eran más o menos unos 120 mil millones de pesos, y siendo una cooperativa comunitaria no los tenía. Tuvo que hacer la reorganización y, bajo esta figura, se crearon diferentes vehículos de inversión. Todo esto bajo la tutela de la cooperativa, que pasó de ser una cooperativa especializada en salud a ser una cooperativa multiactiva”, detalló González.
Cuestionamientos a las superintendencias
González argumentó que tanto la Superintendencia de Salud como la Superintendencia de la Economía Solidaria ignoran la normativa vigente que regula el funcionamiento de este tipo de organizaciones. Según señaló, los movimientos de recursos entre las distintas empresas del grupo obedecen a prácticas permitidas por la legislación colombiana y tenían como objetivo fortalecer el capital de las compañías del conglomerado.
“La solidaridad intraempresarial está permitida por la normativa colombiana, por lo que el movimiento de recursos entre las distintas empresas del grupo lo que buscaba era capitalizar las compañías y todo se hizo dentro de la ley”, enfatizó González.
Con la denuncia instaurada, Jaime González busca que la Fiscalía General de la Nación investigue las presuntas declaraciones injuriosas y calumniosas realizadas por Rubiano y Navarro, al tiempo que lanza críticas directas a las medidas adoptadas contra la EPS.
Así las cosas, la controversia continúa escalando, mientras las autoridades avanzan en las auditorías previstas dentro del proceso de intervención. Entretanto, la denuncia penal interpuesta abre un nuevo capítulo en un caso que ya es objeto de atención nacional por sus implicaciones en el sistema de salud y en las finanzas públicas del país.
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