El presidente Gustavo Petro anunció oficialmente el aumento del salario mínimo en Colombia para 2025, fijado en 1,623.500 pesos, incluyendo el auxilio de transporte, lo que representa un incremento del 9,54 %.
La decisión, presentada durante un evento en Zipaquirá el 24 de diciembre, generó una serie de reacciones tanto en el sector empresarial como en las centrales obreras.
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Desde la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), su director Rodolfo Correa Vargas expresó preocupación ante este ajuste salarial, calificándolo de excesivo y fuera del alcance presupuestal de los pequeños y medianos empresarios.
Según el gremio, esta medida podría complicar aún más la situación económica de los empresarios, quienes deberán enfrentarse a mayores costos operativos. Correa Vargas también destacó que el aumento del salario se desvía de la meta inflacionaria del Banco de la República, un factor que, asegura, genera incertidumbre en el panorama empresarial.
Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), se sumó a las críticas, catalogando el aumento como una medida populista que podría tener consecuencias negativas a largo plazo. “Las decisiones populistas terminan siendo fiesta de pocos días y hambre hacia el futuro.
Casi siempre se trata de hacer anuncios que mucha gente puede celebrar, pero termina generando inmensos costos para toda la sociedad en el futuro, especialmente para los más vulnerables. Eso no es nuevo, eso ya lo han puesto en práctica muchos mandatarios de muchos lugares del planeta, y los resultados siempre son más pobreza, menos desarrollo, más desempleo, más costo fiscal para el Estado, y finalmente desespero de los gobernantes”, afirmó Mac Master.
El aumento también fue criticado por otros sectores que argumentan que, aunque puede beneficiar a algunos trabajadores en el corto plazo, podría resultar contraproducente para el empleo formal y el crecimiento económico.
Según analistas, un ajuste salarial de esta magnitud podría incrementar el desempleo y fomentar la informalidad, afectando especialmente a las pequeñas empresas que constituyen una parte significativa de la economía nacional.
Mientras tanto, desde el Gobierno se argumenta que el aumento responde a las necesidades de los trabajadores colombianos, buscando garantizar un ingreso que cubra el costo de vida ante el panorama inflacionario actual. Sin embargo, el debate continúa entre los sectores productivos y las autoridades, con un enfoque en equilibrar las demandas sociales y las capacidades económicas de los empleadores.
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