
Se va a cumplir una semana desde que el Gobierno nacional anunció la suspensión del programa Mi Casa Ya, que otorgaba beneficios a los colombianos de menores ingresos para comprar vivienda propia, y desde el gremio de la construcción no cesan las críticas.
De hecho, desde el 16 de diciembre, cuando se anunció la polémica medida, el presidente de la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, y el primer mandatario Gustavo Petro se enfrascaron en una pelea, después de que el líder gremial asegurara que la medida afectaba de forma directa a más de 40.000 familias.
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El programa Mi Casa Ya, creado en 2015, se había consolidado como una herramienta clave para facilitar el acceso a la vivienda de interés social (VIS). Este esquema permitía a las familias obtener un crédito hipotecario y un subsidio de manera simultánea, sin necesidad de trámites adicionales ante entidades públicas, ya que los bancos gestionaban el proceso.
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Aunque el presidente de Camacol ya había hecho sus reparos al Gobierno nacional por la medida, en la mañana de este domingo 22 de diciembre, Herrera volvió a referirse al tema y explicó cómo el Gobierno nacional ha “acabado” con los subsidios de vivienda en el país, a pesar de sus promesas para la reactivación de todos los sectores.

Según el dirigente, muchas familias que ya habían ahorrado durante años para la cuota inicial de sus viviendas ahora enfrentan la posibilidad de no poder asumir las cuotas mensuales, que aumentarán significativamente.
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El impacto financiero es evidente, según explicó Herrera en una entrevista concedida a Cambio. Para una vivienda de interés prioritario, cuyo costo es de 117 millones de pesos, las familias que accedían al subsidio podían reducir su crédito a 54.6 millones de pesos, lo que permitía que la cuota mensual quedara en 484.000 pesos. Sin el subsidio, la cuota subirá a 634.000 pesos, un incremento del 31 %.
Para un hogar que gana dos salarios mínimos, es decir, 2.600.000 pesos, este aumento representa una carga económica considerable.
De hecho, Herrera explicó que la administración actual ha reducido gravemente el número de subsidios otorgados. Durante el gobierno anterior, se subsidiaban en promedio 70.000 viviendas VIS al año mediante diferentes programas.
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Sin embargo, esta cifra disminuyó a 50.000 con la llegada del presidente Petro, y para 2025 se proyecta una reducción aún mayor, con solo 20.000 subsidios previstos.

“Este Gobierno es bien malito para ejecutar. En 2022, al Ministerio de Vivienda se le olvidó que tenía que hacer una vuelta presupuestal ante el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para pedir las vigencias futuras de las coberturas del subsidio a la tasa de interés, que era uno de los programas que suspendió el Gobierno y el cual permitía que los hogares pagarán una cuota más bajita por su crédito hipotecario. Cerca de 23.000 hogares se quedaron sin ese subsidio y les tocó esperar meses el desembolso. A eso se sumaron otros retrasos en la asignación de subsidios a la cuota inicial“, señaló el líder gremial a Cambio.
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Además, el dirigente señaló problemas administrativos en la programación presupuestal de los subsidios. En 2023, la situación se repitió, afectando a miles de familias que ya habían firmado escrituras y estaban a la espera del desembolso.
El impacto de estas decisiones no solo afecta a las familias, sino también al sector de la construcción. Según datos proporcionados por Herrera, entre enero y noviembre de 2023 se vendieron 133.918 viviendas en Colombia, un leve incremento del 1,5% respecto al mismo periodo de 2022.
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Sin embargo, estas cifras están un 39% por debajo de las ventas registradas en 2021, lo que refleja un retroceso en el mercado inmobiliario. Además, el inicio de nuevos proyectos ha caído un 15 %, lo que afecta directamente al empleo y al crecimiento económico del país.

El sector de edificaciones lleva cinco trimestres consecutivos de contracción en términos de Producto Interno Bruto (PIB). Según Herrera, cada mes se pierden en promedio 20.000 empleos en la construcción, lo que agrava aún más la situación económica de las familias y de los pequeños negocios que dependen de esta industria, como ferreterías y proveedores de materiales.
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Uno de los puntos más polémicos ha sido la incorporación del Sisbén como mecanismo de focalización para los subsidios. Según Herrera, este sistema, aunque útil para programas asistencialistas como la salud, no es adecuado para los subsidios de vivienda, ya que introduce sesgos y genera demoras en el proceso.
“Mi Casa Ya focalizaba muy bien antes del Sisbén. Antes de 2022, el 80 por ciento de los compradores ganaban dos salarios mínimos o menos. Los bancos podrían evaluar mejor que nadie la condición de ingreso de los hogares, mientras que el Sisbén, como mecanismo de focalización, le genera un sesgo al sistema que, en algunos casos, incluso, bajó el monto de los subsidios de los hogares. Esto se debe a que el Sisbén cataloga a las personas en cuatro grupos, pero no en una clasificación homogénea para todo el país en términos de ingresos”, comentó Guillermo Herrera a la revista.
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En cuanto a la relación con el Gobierno nacional, Herrera afirmó que, aunque ha mantenido un diálogo constructivo con la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, y con el exministro Ricardo Bonilla, no ha tenido la oportunidad de discutir estos temas directamente con el presidente Petro.
Además, rechazó las acusaciones del mandatario, quien lo señaló como militante del partido Cambio Radical, y pidió que se deje de lado la política para centrarse en las necesidades de las familias afectadas.
"Yo no hago parte de ese partido ni de ningún otro. He venido trabajando en temas de vivienda desde 1998, en la época de Samper. Trabajar en uno u otro gobierno no me hace militante político. Esa no es la discusión. He estado en este sector más de 20 años, en una labor técnica, y siempre pensando en la formulación de políticas públicas“, señaló Herrera.
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