A pesar de que al inicio del Gobierno del presidente Gustavo Petro se hizo un llamado por mantener la austeridad y evitar el despilfarro de recursos, esta directriz no ha sido cumplida.
Un claro ejemplo de ello es la ostentosa fiesta de fin de año que el Instituto Nacional de Vías (Invías) organizó para sus empleados, el domingo 15 de noviembre, que tuvo gastos que aproximados a los $360 millones. Lo peor del caso, supuestamente, es que algunos contratistas no les habrían pagado el moto equivalente a sus servicios prestados, convirtiéndose en una suma que supera los $475 millones, según W Radio,
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De hecho, algunos trabajadores dijeron al medio citado, que se les exigió firmar un “acta de compromiso” para recibir el pago de diciembre, obligándolos a laborar todo el mes bajo la promesa de recibir su salario en los días siguientes. Sin embargo, Invías informó que, por falta de recursos, los pagos cubrirían solo hasta el 20 de diciembre, liquidándose el resto entre febrero y marzo de 2025.
Corporación Artística fue la empresa encargada de organizar el evento para Invías como parte del Plan de Bienestar y Estímulos, fundamentado en la Ley 1567 de 1998, para “mejorar el clima laboral y reportar resultados institucionales”. La actividad incluyó logística en medidas de prevención y personal médico, lo que podría justificar alguna parte de los recursos destinados.
El decreto que prohibiría la realización de ostentosas fiestas
Con respecto a la polémica, existiría un decreto que limitaría este tipo de eventos corporativos, así como otros gastos relacionados con “souvenirs” o “recuerdos”.
Se trata del artículo 18 de decreto 199 de 2024, que prohíbe expresamente “la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación”.
Sin embargo, establece excepciones para reuniones protocolarias o internacionales organizadas por ciertos ministerios, como el de Relaciones Exteriores o el de Comercio, Industria y Turismo, así como para gastos realizados por la Presidencia.
“Las entidades deberán abstenerse de adquirir regalos corporativos, souvenirs o recuerdos. No se financiarán regalos corporativos ni artículos promocionales o de mercadeo por parte de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación“, complementó el artículo.
W Radio consultó con Función Pública la existencia del decreto y su aplicación al evento organizado por Invías; no obstante, remitió el tema al Ministerio de Hacienda y al Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), que, a pesar de reconocer el decreto, no pudo aclarar las condiciones en las que se aplica.
El Dapre señaló que, aunque el artículo del mencionado decreto establece directrices sobre austeridad en eventos y regalos corporativos financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación, “no es de obligatorio cumplimiento”. Además, explicó que cada entidad tiene autonomía presupuestal para realizar los gastos que considere necesarios.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda indicó al medio citado que “los rubros son muy difíciles de administrar” y, por ello, no puede confirmar si este tipo de disposiciones aplica en todos los casos, como el de la fiesta del Invías.
Presidencia implementará Plan de austeridad a partir de enero de 2025
A través de un comunicado publicado el jueves 19 de diciembre de 2024, la Presidencia de la República anunció que, a partir del primero de enero de 2025, se reducirá el porcentaje de viáticos asignados a ciertos funcionarios y asesores.
El ajuste disminuirá el monto de 90% a 75% de la escala autorizada por decreto y aplicará a niveles directivos, asesores grados 14 a 10, y asesores presidenciales grados I a III. Según el Dapre, “con esta disposición, la entidad reafirma su compromiso con la austeridad y la eficiencia fiscal, priorizando los recursos destinados a sectores estratégicos para el desarrollo nacional“; además, de construir una administración pública más eficiente, responsable y orientada al bienestar colectivo.
Además, se destacó la Resolución 0403 emitida el 5 de junio de 2024, que estableció un tarifario para los honorarios de contratistas, regulando los pagos según criterios de economía y necesidad.
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