En la mañana del jueves 19 de diciembre, la cárcel de máxima seguridad de Itagüí fue el escenario de un nuevo acuerdo alcanzado entre la delegación de paz del Gobierno nacional y las principales estructuras armadas que operan en el Valle de Aburrá y todo el departamento de Antioquia.
Según se conoció, el documento firmado por ambas partes y que hace parte de un piloto que busca desescalar delitos de alto impacto, tuvo como eje central el compromiso para frenar con la extorsión y la explotación sexual, mientras se mantiene una tendencia a la baja en la tasa de homicidios en la región.
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El evento, presidido por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y la senadora Isabel Zuleta, también reunió a los representantes de las principales estructuras armadas conocidas como la Oficina de Envigado. Entre los voceros de estas organizaciones se destacaron figuras como Albert Antonio Henao Acevedo, de la banda Los Pachelly; Sebastián Murillo, de los De Caicedo, y Juan Carlos Mesa, alias Tom, líder de Los Chatas. También estuvieron presentes alias Saya y Douglas, quienes forman parte de la estructura de La Terraza.
Durante la firma, según el documento revelado por la revista Raya, se anunció un plan piloto en 25 barrios de Medellín y Bello, vigente desde hoy y hasta el 19 de enero de 2025, en el que estas estructuras se comprometen a detener la extorsión y rechazar la explotación sexual de menores.
Además, se propusieron reducir el tráfico de drogas, especialmente en ambientes escolares, como parte de un esfuerzo para recuperar el control territorial y devolverlo al Estado.
En medio del evento precedido por el Gobierno nacional, Sebastián Murillo, conocido como Lindolfo, hizo énfasis en la importancia de resolver las violencias que han perdurado por décadas en la región. “Acá estamos resolviendo violencias maduradas en 40 años de conflicto social y armado”, señaló.
Asimismo, se destacó la participación de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, como gestor de paz, lo que marca un hecho simbólico por su pasado como líder de la Oficina de Envigado.
Por otro lado, Freiner Ramírez, alias Pesebre, señaló la necesidad de cumplir los acuerdos para evitar frustraciones en el camino hacia la reconciliación. “Este es solo el inicio, y nuestra meta es transformar los barrios y superar la ilegalidad”, afirmó.
Retos legales y sociales
La falta de un marco jurídico claro para este tipo de procesos sigue siendo uno de los principales desafíos. La ley de Paz Total, sancionada en 2022, permitió abrir el diálogo con estructuras criminales, pero la Corte Constitucional estableció en noviembre de 2023 que cualquier proceso de sometimiento debe contar con la aprobación de las ramas del poder público.
En este contexto, la senadora Isabel Zuleta destacó la necesidad de involucrar a la sociedad civil y crear mecanismos para asegurar el cumplimiento de los compromisos. Entre las propuestas se incluyen asambleas comunitarias y comités de seguimiento que permitan evaluar los avances y garantizar la continuidad del proceso.
Un camino hacia la transformación
El acuerdo firmado representa, según indicó el Gobierno, un gran paso en la construcción de paz urbana en el Valle de Aburrá. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como las estructuras armadas coinciden en que la verdadera prueba radica en la implementación efectiva de las medidas pactadas.
La paz, como lo enfatizó el comisionado Otty Patiño, comienza con acciones concretas que generen confianza y promuevan la reconciliación.
“No basta firmar acuerdos si esto no se implementa. Los acuerdos que no se cumplan son una burla y una decepción para la paz. Este esfuerzo que se está haciendo acá el Gobierno Nacional le concede todo el valor. La paz empieza con esto, con lo pequeño y lo cumplible”, comentó el alto comisionado Otty Patiño.
Con la evaluación del plan piloto prevista para enero, se espera que los resultados impulsen nuevos compromisos y permitan extender las medidas a otros barrios y municipios de la región.
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