Presidente de la Corte Constitucional llamó a “bajar la polarización” tras polémica condecoración de Petro

En medio de un nuevo capítulo de presuntas tensiones entre el Ejecutivo y las altas cortes, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes Cuartas, hizo un llamado enfático a la moderación sobre este asunto. Esta declaración surge luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara la condecoración que el presidente Gustavo Petro intentó otorgarles, una iniciativa que ha puesto en discusión la relación entre los poderes del Estado y la independencia judicial.

El reciente incidente ocurrió durante la ceremonia de la condecoración ‘José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial 2024′, llevada a cabo el jueves 12 de diciembre en el Teatro Colón de Bogotá. En este evento, al que asistieron los presidentes de las altas cortes, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y otros actores del sistema judicial, se debatió ampliamente sobre la necesidad de preservar la autonomía e integridad del poder judicial.

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SIn embargo, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas señaló que es vital “bajarle el tono a la polarización y al ruido”. Según él, “aquí todo el mundo quiere enfrentar las cortes con el gobierno y con todos los demás poderes como si eso fuera algo que exaltara a la nación. Al revés, la resquebraja y la fractura”.

El presidente de la Corte Constitucional también destacó la importancia de las tres ramas del poder público trabajando en conjunto para el desarrollo y el bienestar del país. “Aquí los poderes todos, el ejecutivo, el judicial, la rama legislativa trabajamos en pro de los colombianos y en defensa de la institucionalidad contra la violencia, contra el delito, contra la delincuencia organizada. Ese es el mensaje que siempre tenemos que mandar”, subrayó.

La magistrada Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, coincidió con el presidente de la Corte Constitucional, aunque aclaró que las tensiones actuales no son sinónimo de una mala relación. “Yo creo que hay posiciones de las instituciones y creo que eso hay que respetarlo, pero no porque haya ahí tensiones ni mala relación, sino una posición respetable en las dos”, afirmó Remolina.

Esta declaración busca disipar cualquier malentendido sobre una relación conflictiva entre las instituciones, subrayando que existen diferencias legítimas que no deben ser confundidas con un enfrentamiento.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia optó por guardar silencio ante la controversia. A diferencia de las otras autoridades judiciales, el magistrado Gerson Chaverra no hizo comentarios sobre la decisión de la Sala Plena de recibir la condecoración Orden Nacional al Mérito Cruz de Plata. En su comunicado, la Corte Suprema resaltó que aceptar la condecoración podría afectar los principios fundamentales de independencia y autonomía que deben guiar su desempeño judicial.

La ceremonia de condecoración destacó a diversas figuras del ámbito judicial por su dedicación y aportes al enriquecimiento del sistema judicial. En esta ocasión, el presidente de la Corte Constitucional fue reconocido con la categoría oro por sus excepcionales méritos, mientras que la magistrada auxiliar Diana Margarita Zea Amórtegui recibió la categoría bronce, en reconocimiento a su devoción y pulcritud en el servicio judicial.

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, destacó que estas distinciones buscan exaltar los valores de la honestidad, la perseverancia y la superación en la función pública, valores que son esenciales para mantener un sistema judicial sólido y respetado.

La polémica alrededor de la condecoración del presidente Petro refleja una intención de mantener latente una tensión entre el ejecutivo y las altas cortes, tensión que podría afectar el equilibrio y la separación de poderes en Colombia. Mientras los presidentes de las cortes y la ministra de Justicia hacen esfuerzos para mantener la independencia y el respeto institucional, es claro que aún persisten diferencias que requieren ser abordadas con cautela para preservar la democracia y el Estado de derecho en el país.