Julián Peinado Ramírez, representante a la Cámara del Partido Liberal por Antioquia, se presentó en la mañana de este lunes 9 de diciembre ante la Corte Suprema de Justicia para rendir su versión en medio de la investigación sobre el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Este caso, que ha captado la atención nacional, involucra a varios congresistas por el presunto delito de cohecho impropio. Según la Corte, se han recopilado más de cincuenta pruebas documentales y más de diez testimoniales que sugieren que los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp), habrían aceptado emitir conceptos sobre operaciones de crédito público a cambio de dádivas.
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El proceso, que se encuentra bajo la supervisión del magistrado Misael Rodríguez, también involucra a otros congresistas como Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte, quienes ya asistieron a las diligencias y optaron por guardar silencio, mientras que la senadora Liliana Esther Bitar Castilla decidió hablar. Aún faltan por declarar el parlamentario Juan Pablo Gallo Maya y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
El representante Peinado, al llegar al Palacio de Justicia, expresó su disposición a colaborar con las investigaciones y manifestó su esperanza de que los hechos se esclarezcan. “Esperamos que esclarezcan estos hechos. Hay un magistrado garantista que nos ha permitido resolver las inquietudes”, declaró el congresista.
Sin embargo, después de dos horas de diligencia en el alto tribunal, el representante liberal optó por guardar silencio, siguiendo la estrategia de otros congresistas involucrados. Además, al concluir la sesión, Peinado negó categóricamente cualquier vínculo con las personas y actividades bajo investigación.
El congresista Peinado afirmó no conocer a Olmedo López ni a Sneyder, dos figuras clave en el caso, y aseguró no haber tenido ningún tipo de comunicación con ellos. Según declaraciones recogidas, Peinado hizo énfasis en que nunca ha gestionado ningún trámite en la institución implicada en el escándalo.
Esta defensa surge tras su aparición en una lista que, según López, fue proporcionada por la congresista Manrique para beneficiar a ciertos miembros de la Comisión de Crédito Público con contratos millonarios a cambio de la aprobación de créditos necesarios para la nación.
“En ningún momento he asistido allí, lo he dicho en declaraciones públicas y en mis comunicados públicos que no conozco al señor Olmedo, no conozco al señor Sneyder, nunca he tenido comunicación con ninguno de ellos, nunca he tenido un chat, un mensaje, un correo ni tampoco he ido a tramitar ningún tipo de gestión en esta institución del delictivo”, señaló el representante a la salida de la diligencia.
Peinado explicó que su silencio se debe a que están pendientes de resolución algunas solicitudes presentadas por su abogada, Astrid Carvajal. El magistrado Misael Rodríguez, presidente de la Sala de Instrucción, indicó que la información podría ser complementada en futuras diligencias.
La defensa del congresista ha solicitado que se incluyan en el proceso testimonios de exdirectivos de la Ungrd, ministros del Gobierno de Gustavo Petro y otros altos funcionarios que podrían estar implicados en el escándalo de corrupción.
Además, Peinado ha participado en interrogatorios realizados por la Corte a una exasesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para esclarecer los supuestos acuerdos con la Comisión de Crédito Público. Estos acuerdos habrían facilitado la aprobación de créditos necesarios para el país, según las acusaciones.
La investigación se centra en la presunta aceptación de dádivas por parte de los congresistas a cambio de avalar conceptos de operaciones de crédito, que se materializarían en contratos de la Ungrd en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
Estos congresistas forman parte de las comisiones económicas del Congreso, encargadas de discutir y aprobar la Ley de Presupuesto General de la Nación, así como la ampliación del presupuesto de la Ungrd, que pasó de 665 mil millones de pesos a 2.2 billones, y la capacidad de endeudamiento del Gobierno.
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