El caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) ha puesto en jaque a importantes figuras del Gobierno Petro, entre ellas el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Las revelaciones de María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, generaron un terremoto político, en medio del cual José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, lanzó duras críticas y reflexiones sobre su propia experiencia.
Salazar recordó que fue declarado insubsistente por el presidente Gustavo Petro tras desautorizarlo en la firma de un contrato con Thomas Greg & Sons para la elaboración de pasaportes.
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En su cuenta de X, expresó: “El Presidente Petro me declaró traidor e insubsistente por desobedecer sus instrucciones contrarias a la ley. Si le hubiera obedecido estaría atornillado en el puesto como el ministro Ricardo Bonilla, pero en la puerta de la Fiscalía y con el Presidente como defensor de oficio”, criticando no solo la supuesta falta de integridad en el gabinete, sino que también una posible cultura de lealtad dentro del gobierno, incluso cuando implica transgredir principios legales y éticos.
Los señalamientos que apuntan al ministro Bonilla
En audios revelados por Noticias Caracol, la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides declaró ante la Fiscalía General de la Nación que Ricardo Bonilla estaba plenamente consciente de las coimas que se entregaban a congresistas a cambio de apoyo a las reformas gubernamentales en el Legislativo. “Él me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”, aseguró Benavides en su testimonio.
La exasesora detalló que Bonilla no solo conocía el esquema, sino que también lo autorizaba. Según su declaración, tres contratos por $92.000 millones destinados a municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar) habrían sido parte del entramado corrupto.
Además, Benavidez implicó a otros altos funcionarios, como el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Por ahora, Bonilla expresó su intención de enfrentar las acusaciones que lo vinculan con el escándalo de corrupción: “Voy a asumir la defensa, lo que se está diciendo tiene muchas especulaciones. Aquí no hay cupos indicativos ni compra de congresistas”, afirmó, rechazando las versiones que lo señalan como responsable de irregularidades.
El equipo legal del ministro ya trabaja en la preparación de su estrategia de defensa. Mauricio Pava, abogado de Bonilla, aseguró que “el ministro actuó dentro del deber objetivo de cuidado exigido por el principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público, y no como parte de un intercambio de favores”, y pidió una reunión con la Fiscalía General de la Nación para presentar pruebas que respalden la versión del funcionario.
Congresistas que se habrían beneficiado por caso de la Ungrd
Un funcionario de la Fiscalía leyó los nombres de los congresistas de la Comisión Tercera del Senado que presuntamente se habrían beneficiado del esquema de corrupción. Entre ellos figuran Juan Diego Echavarría, Jairo Castellanos, Efraín Cepeda (presidente del Senado), y otros como Liliana Bittar y José Gnecco.
Los proyectos de infraestructura vial que habrían recibido los beneficios irregulares están distribuidos en diversas regiones del país; por ejemplo: el que habría beneficiado a Efraín Cepeda se encuentra, según el ente acusador, bajo el radicado 0021, y corresponde al proyecto de mejoramiento y pavimentación mediante el uso de nuevas tecnologías de tramo que conduce de Caño Flores a Sitio Nuevo, en el municipio de Fortul, departamento de Arauca. Este proyecto tendría un valor de 12.292 millones de pesos”.
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