Gobernadores le hicieron caso a Petro y presionan al Congreso para aprobar la reforma al Sistema General de Participaciones

En medio de la Cumbre de Gobernadores ‘La Amazonía nos une, la sostenibilidad nos impulsa’ que se realizó el 29 de noviembre de 2024 en Puerto Inírida, en el departamento de Guainia, el presidente Gustavo Petro lanzó una petición particular a los gobernadores del país, frente al proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones, iniciativa que se encuentra en discusión en el Congreso de la República, y que está adportas de tener su última discusión en la Cámara de Representantes.

En su intervención, el mandatario enfatizó en que, de no aprobarse la propuesta, no se obtendrán los recursos necesarios para el financiamiento de varios proyectos que se desarrollan en las regiones del país.

“Hablen con sus parlamentarios, representantes de sus regiones, de todos los colores políticos, y los pongan en función de que puede haber esos recursos para no tener una promesa vacía, sino que se vuelva realidad”, expresó el jefe de Estado en la cumbre.

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Ante ello, los 32 mandatarios departamentales del país enviaron una carta abierta a los congresistas para que aprueben esta reforma constitucional que pretende aumentar la autonomía regional.

En el documento firmado por la Federación Nacional de Departamentos, que es presidido por Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, también plantean algunas mejoras al proyecto, que está agendado en el primer punto del orden del día de la plenaria de la Cámara de Representantes, que será el 2 de diciembre de este año.

“Nosotros, gobernadores de diversos departamentos de Colombia, queremos clamar por el apoyo del Congreso de la República a la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), enfatizando que coincidimos en que la reorganización de la estructura del Estado y el fortalecimiento de las capacidades territoriales es una transformación necesaria, urgente e impostergable para el país”, señalaron los gobernadores en la misiva.

Del mismo modo, explicaron que la reforma, pese a que alcanza el 39,5 por ciento de los Ingresos Corrientes de la Nación, en un plazo de 12 años, solo representa el 7,5 por ciento adicional frente al crecimiento esperado por el Banco de la República.

“El gobierno subnacional es fundamental para el normal funcionamiento de la gobernanza, y preocupantemente la actual estructura organizativa nos ha debilitado a niveles alarmantes, en los que hoy las gobernaciones no contamos con una capacidad para gestionar eficientemente el desarrollo de nuestros territorios”, aseguraron.

Además, pidieron que sean incluidos en la discusión, antes de que se realice la votación final. “Estamos dispuestos a participar activamente en la discusión que se desatará en el país en los próximos dos años para rediseñar las cargas del Estado, convencidos de que un Estado con unas cargas mejor distribuidas entre los distintos niveles de gobierno será un Estado más eficiente y eficaz al atender las necesidades de la población”, comentaron.

Mejoras a la reforma del SGP

Por otra parte, los gobernadores del país manifestaron los puntos que mantienen serias preocupaciones, y que piden ajustar en el último debate en la Cámara de Representantes.

Uno de estos es la priorización de recursos para atender adecuadamente las competencias transferidas a los territorios durante 33 años, “y cubrir los déficits estructurales existentes en sectores como educación, salud y agua potable”.

De igual manera, plantean que las nuevas obligaciones asociadas con la descentralización de competencias en educación superior, “sustenta la necesidad de retomar el espíritu de la Constitución del 91 y retornar a la redacción inicial del proyecto en este asunto”.

Finalmente, piden la protección de la autonomía regional y “garantizar que no sean utilizadas a futuro la sostenibilidad fiscal, el Marco Fiscal, el Presupuesto General de la Nación (PGN) y el aval de Ministerio de Hacienda, para justificar retrasos o limitaciones en las transferencias”.

De igual forma, expresaron su preocupación ante la falta de atención de los funcionarios del Gobierno y de los parlamentarios, al considerar que “si se aprueba esta modificación al Sistema General de Participaciones en la forma como ha sido presentada y en el estado actual de su discusión, se les causaría un daño irreparable a las finanzas públicas y se afectaría severamente la capacidad del estado de cumplir con sus funciones”.

Por ahora, el proyecto tendrá su última discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes del 2 de diciembre de 2024.