
Sandra Ortiz, exconsejera para la Regiones en el Gobierno Petro, entregó su versión del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), hechos en donde resultó salpicada por el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla.
En entrevista con W Radio, Ortiz afirmó que desde que su nombre apareció en el escándalo, todo “ha sido un momento muy duro en mi vida. Es difícil soportar todo lo que ha pasado y, sobre todo, guardar silencio”.
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Sin embargo, precisó que cree en la justicia colombiana, afirmando que tiene las pruebas necesarias para demostrar su inocencia.
“Me declararé inocente. Toda mi vida he sido una mujer correcta, nunca he estado envuelta en un escándalo”, indicó la exfuncionaria.
Además, afirmó que hay gente en la Presidencia de la República que supuestamente crea escándalos para ocultar otros mayores.
“Aquí hay un complot y lo voy a demostrar, tengo las pruebas. Hay gente en Presidencia que, por tapar otros escándalos, arman otros más grandes y no les importa, sino ellos, no les importa el presidente ni el Gobierno”, aseveró.
Y agregó: “Le hacen daño al presidente, al Gobierno y al país. Sí existen esas personas y tengo las pruebas, tengo la tranquilidad de que todo saldrá bien”.

Sandra Ortiz también habló de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, a quien señaló de tener aspiraciones presidenciales en el futuro.
“Olmedo es un ex M-19, una persona que tenía en su cabeza, no ser senador, era ser presidente de este país, me lo dijo muchísimas veces. Él me habló que tenía 80 o 90 candidatos para alcaldías en las elecciones de octubre, estaba armando un equipo político, pensando en sus intereses personales. Abusó de la confianza del presidente”, indicó la exconsejera para las Regiones.
Asimismo, explicó que el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres usó la entidad “para sus negocios personales” y así traicionar la confianza del presidente Petro.
Caso contra Sandra Ortiz
El caso que involucra a Sandra Ortiz forma parte de un escándalo de corrupción que ha sacudido a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la entidad encargada de atender emergencias por desastres naturales en Colombia.
Este escándalo, que salió a la luz en febrero de 2024, está relacionado con los sobrecostos en la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira. Ortiz, quien se encuentra bajo investigación, es acusada de actuar como intermediaria en un soborno millonario de $3.000 millones, supuestamente dirigido al exfuncionario del gobierno, Name Vásquez.
Según declaraciones de uno de los implicados, el exdirector de la Ungrd, Pinilla, Ortiz fue designada por Name para ser “la mensajera” en este proceso corrupto.
“Ella era la mensajera, por eso es importante en el proceso. La doctora Sandra fue la mensajera para el tema de Name, para nada más”, dijo Pinilla, añadiendo que Ortiz coordinó la entrega del soborno, alquilando una habitación en el Hotel Tequendama y realizando un recorrido que, según la investigación, la habría llevado hasta el apartamento de Name.

Este caso no solo involucra a Ortiz, sino también a otros altos funcionarios del gobierno, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al exdirector de la Ungrd, Olmedo López, quienes presuntamente facilitaron la adjudicación de tres contratos millonarios por un total de 92.000 millones de pesos en favor de un grupo de congresistas.
Los contratos, correspondientes a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), habrían sido otorgados a cambio de apoyo político en el Congreso, particularmente en la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
La investigación también apunta a la implicación de cinco congresistas y un exrepresentante, quienes habrían recibido beneficios a cambio de su apoyo a las iniciativas del presidente Gustavo Petro.
Entre los involucrados se encuentran Name Vásquez y el expresidente de la Cámara, Andrés Calle Aguas, ambos bajo la investigación de la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
Este escándalo de corrupción ha generado una creciente atención pública, ya que involucra tanto a altos funcionarios del gobierno como a miembros del Congreso, lo que pone en evidencia las profundas irregularidades en la contratación pública y el manejo de recursos destinados a la atención de emergencias en el país.
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