Caso Ungrd: reprograman audiencia contra Sandra Ortiz para el 3 de diciembre, Fiscalía pidió medida de aseguramiento

Después de varios problemas de conexión y una concertación con las partes involucradas, la juez del caso decidió aplazar la audiencia para el martes 3 de diciembre a las 8:00 a.m.

Se realizó una pausa en la sesión por problemas técnicos en la conexión de la juez del caso.

La Fiscalía aseguró que tiene en su poder elementos probatorios con los que puede determinar que Ortiz tiene responsabilidad del tráfico de influencias que desembarcaron en la presunta entrega de contratos y recursos económicos a varios políticos del país.

De acuerdo con la Fiscalía, “Sandra Ortiz ejerció influencias indebidas producto de su importante cargo de consejera presidencial para las Regiones, adscrito al Dapre, sobre el director de la Ungrd Olmedo López. Influencias con las cuales Ortiz transgredió los parámetros de comportamiento que le exigen interponer el interés general al particular, y ceñir su conducta a los principios rectores”.

La fiscal del caso solicitó que Sandra Ortiz sea retenida en la cárcel por su responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos.

“Solicito medida cautelar de carácter personal por ser coautora del delito de tráfico de influencias de servidor público y autora de lavado de activos”.

A su vez, afirmó que cuentan con las pruebas suficientes para justificar la participación de la ex exconsejera presidencial en el entramado de corrupción de la Ungrd.

Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, acudió este viernes 29 de noviembre a los juzgados de Paloquemao para enfrentar la audiencia de imputación de cargos en el marco del escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Durante la audiencia, la Fiscalia reveló como la exfuncionaria entregó el jueves 12 de octubre de 2023 una maleta con $1.500 millones a Olmedo López y Sneyder Pinilla que fue transportado en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) a un edificio en Bogotá en el que el expresidente del Senado de la República Iván Name recibió el dinero.

Luego, en la noche del viernes 13 de octubre de 2023, el ex subdirector de manejo de desastres le entregó a Ortiz otros $1.500 millones en Residencias Tequendama. El efectivo estaba distribuido en dos maletas, y fue contado por ambos exfuncionarios.

A su vez, el órgano rector afirmó que la entrega de contratos por $60.000 millones a Name y al expresidente de la Cámara de Representantes Andrés David Calle fue ordenada por Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, que integra el mismo partido político de Ortiz (Alianza Verde), pero fue tramitada por la exconsejera.

En ese sentido, cuando tuvo la oportunidad, la jueza le preguntó a la exconsejera presidencial si aceptaba los cargos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Sin embargo, Ortiz se declaró inocente y rechazó los cargos.

A su llegada, Ortiz evitó responder preguntas de los medios y señaló que esperará a escuchar las acusaciones de la Fiscalía antes de hacer declaraciones. “Ahorita hablamos ante los medios. Primero vamos a escuchar lo que tiene que decir la Fiscalía”, afirmó brevemente.

Luego de un breve receso, se retomó la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación solicitó medida preventiva contra Ortiz para “asegurar la comparecencia de los involucrados en el caso”.