“¿La candidata tenía como fuente colaboradores dentro de la Fiscalía de la junta del narcotráfico?”: Petro cuestiona a Vicky Dávila

En la mañana del 27 de noviembre el presidente Gustavo Petro replicó a más reciente columna de Cecilia Orozco Tascón, publicada en El Espectador. De acuerdo con el contenido del texto, el presidente lanzó pullas contra Victoria Eugenia Dávila, más conocida como Vicky Dávila, hoy precandidata independiente a la Presidencia de la República. La arremetida también fue contra lo que considera un ala de corrupción al interior de la Fiscalía.

“Otra mentira de Semana tratando de proteger una fuente de la candidata. ¿La candidata tenía como fuente colaboradores dentro de la fiscalía de la junta del narcotráfico, una multinacional de las economías ilícitas que busca impunidad con una red de fiscales corruptos?”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

La columnista y periodista Cecilia Orozco Tascón hizo una crítica contundente sobre la situación actual de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, destacando lo que describe como una continuidad de poder e influencia de la administración anterior, liderada por Francisco Barbosa y Martha Mancera, a pesar de la llegada de Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general.

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Según Orozco, el fenómeno de “herencia de poder” en la Fiscalía ha permitido que figuras clave de la gestión de Barbosa-Mancera mantengan un control significativo en áreas estratégicas de la entidad, lo que obstaculiza la implementación de las directrices de la nueva fiscal. Este patrón, asegura, no se limita a la Fiscalía, ya que también ocurre en otros organismos del Estado donde los mandos medios responden a las administraciones previas.

La periodista apunta que antes de su salida, Mancera habría asegurado la permanencia de aliados estratégicos en posiciones claves, entre ellos, Gabriel Jaimes, Luisa Obando y Paola Tovar, cuyas trayectorias han sido objeto de controversia. Este entramado, a juicio de Orozco, constituye un “núcleo duro” que perpetúa las dinámicas del pasado cuatrienio en detrimento de las intenciones de renovación de Camargo.

“Apenas ahora, dos años después, la administración Petro se da cuenta de que sus mandos medios, indetectables pero con margen de acción, no le responden a ella sino a sus jefes anteriores, los del periodo Duque. Entre tanto, en la fiscalía Camargo, el fantasma de la dupla Barbosa-Mancera (B&M) flota, maléfico, en los despachos judiciales y administrativos desde donde se le da continuidad al cuatrienio fenecido y se obstruyen las directrices de la nueva titular”, detalla la columnista.

Un caso que ilustra esta situación es el de Víctor Forero, quien recientemente acusó a la administración de Camargo de perseguirlo por haber participado en investigaciones contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Orozco desmiente esta versión, argumentando que la salida de Forero responde al cumplimiento de un concurso de méritos de 2022 que otorgó su puesto a una abogada calificada, y no a razones políticas.

Además, señala que existen pruebas previas en las que Forero estaría involucrado en irregularidades, como la manipulación de informes judiciales en un caso contra redes de narcotráfico en Buenaventura. Dichas evidencias, agrega, fueron presentadas a la Fiscalía desde abril de 2021, mucho antes de los hechos que Forero señala como persecución.

“Esos agentes también entregaron sus resultados a Mancera en el mismo proceso en que el principal involucrado resultó ser el director del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez, apodado ‘Pacho’, por su primer nombre y ‘Pacho malo’ por sus actos deleznables”, señaló.

La columnista también cuestiona el rol de la revista Semana al brindar espacio a la versión de Forero, calificándolo como un intento por desviar la atención de las pruebas existentes en su contra. Según Orozco, esta estrategia mediática forma parte del “brazo comunicativo” de los antiguos directivos de la Fiscalía para mantener su narrativa de poder.

Finalmente, la periodista advierte que estas dinámicas representan un desafío no solo para la independencia de la Fiscalía, sino también para la legitimidad de las instituciones colombianas en su conjunto. Orozco resalta la necesidad de un cambio estructural que permita a las nuevas administraciones ejercer plenamente sus funciones y recuperar la confianza ciudadana.