
El representante a la Cámara Christian Garcés, del Centro Democrático, alzó su voz para denunciar la cancelación de una sesión crucial de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que debía abordar temas claves en las investigaciones contra la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Según el congresista, esta suspensión, junto con otras demoras, responde a maniobras para beneficiar al presidente y obstaculizar el avance del proceso.
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Garcés, uno de los denunciantes en el caso de supuesta violación de topes de campaña de Petro, expresó su inconformidad con la falta de avances en el trámite de una recusación que interpuso contra el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico. Uribe, que fue parte activa de la campaña presidencial de Petro, actualmente funge como investigador en el expediente, una situación que Garcés considera incompatible con la imparcialidad del proceso.
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“Hay una mayoría de congresistas de la Comisión de Acusaciones que están impidiendo que avance el juicio político por violación de topes de la campaña de Gustavo Petro. Nosotros exigimos garantías y resultados de la Comisión de Acusaciones. ¿Cuál es el miedo de votar la recusación contra Alirio Uribe que presentamos? Ya son tres sesiones de la Comisión donde no se vota”, afirmó Garcés.
El congresista aseguró que las cancelaciones de sesiones no son casuales y tienen un objetivo claro: dilatar el proceso y beneficiar al presidente. “La Ley Quinta es clara en cómo se tramitan las recusaciones. Yo soy congresista y están buscando usar leyes de tipo penal para decir que yo no hago parte del proceso”, agregó.
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Exigencia de claridad y transparencia
Garcés hizo un llamado al presidente de la Comisión de Acusación, Leonardo Gallego, exigiendo explicaciones sobre las razones de la cancelación de la sesión, además de solicitar una pronta reprogramación para que se discuta y vote la recusación. Según el congresista, la falta de decisión sobre este tema afecta gravemente el curso del juicio político.
“El señor Alirio Uribe es el principal alfil del presidente Gustavo Petro en la Cámara de Representantes y es el coordinador de los investigadores en el expediente del cual hago parte porque soy denunciante. Por eso lo he recusado a él”, sostuvo Garcés, enfatizando que Uribe no debería tener injerencia en este caso por su evidente conflicto de intereses.
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El representante también recordó que la recusación presentada por la congresista Katherine Miranda en un caso similar fue aprobada, a pesar de que sus vínculos con el expediente eran “menos graves” que los de Uribe. En este contexto, instó a la Comisión a actuar con coherencia y aprobar la recusación contra el congresista del Pacto Histórico.
“Es claro que se violaron los topes de la campaña de Gustavo Petro. Es claro que el señor Alirio Uribe está impedido por varios argumentos. Por eso pedimos que se resuelva la recusación para avanzar en el proceso”, añadió.
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Para Garcés, las tácticas dilatorias y las recusaciones mal gestionadas forman parte de una estrategia para “enredar” el juicio político y evitar que se esclarezca si se violaron o no los topes de la campaña de Petro. El congresista insistió en que estos procesos deben resolverse de manera ágil y transparente para garantizar la credibilidad del sistema político y judicial.
“Están usando las recusaciones y otras acciones para dilatar el juicio político. Debemos discutirlas cuando son presentadas, no varios meses después. Le pedimos a la justicia que verifique todo el proceso y asegure que se avance de manera transparente”, expresó el representante.
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“Debemos llegar al punto final para determinar si se recusa o no a Uribe. No podemos seguir postergando decisiones que afectan la confianza en nuestras instituciones”, concluyó el congresista, subrayando la urgencia de abordar estos temas sin más retrasos.
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