La JEP calificó a las Farc como una “gran máquina de secuestro” durante audiencia de reconocimiento a víctimas

En la audiencia regional de Reconocimiento de Verdad, realizada en Cali, Valle del Cauca, por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la magistrada Julieta Lamaitre calificó como una máquina de secuestro a la guerrilla de las Farc.

La magistrada del tribunal durante la audiencia detalló que “no hubo mayor control de esta política siempre que llegara el dinero. Es cierto que hubo algunos comandantes que se opusieron a esta práctica, que la consideraron inmoral, pero fueron unas voces ahí sí aisladas que no lograron detener la gran máquina de secuestro que se puso a marcha en todo el país”.

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Y agregó: “A partir del 93 (año) ya oficialmente, las Farc decide convertirse en un ejército, asumir ya la forma en pleno de un ejército para la toma del poder, empieza a ser una guerra que tiene unos costos muy altos y las unidades militares deben conseguir ese dinero de los territorios en los que operan”.

En su intervención, Lemaitre afirmó que las Farc se dedicó a buscar perfiles de personas que contarán con un millón de dólares para secuestrarlos.

“A pesar de la instrucción general que se dio en el 2002 de buscar personas que tuvieran un millón de dólares, no hubo mayor control de esta política siempre que llegara el dinero”, afirmó la magistrada.

Además, precisó que el Secretariado se colocaba una cuota de secuestrados para así lograr financiarse. “La orden general que venía desde el secretariado era que cada unidad militar, cada frente, cada bloque, tenía que autofinanciarse y además mandar una cuota al secretariado para el financiamiento de la guerra. Y se les ponían unos topes de unas cantidades que debían conseguir y parte de la orden era una suma de dinero y decía debe realizar tantos secuestros”, aseveró Lemaitre.

Y detalló: “Luego las estructuras con sus comandantes debían convertir esa orden general en órdenes específicas de encontrar a quién se iba a secuestrar para conseguir cumplir la orden general que era conseguir una determinada suma de dinero”.

Julieta Lamaitre afirmó que los secuestros por parte de las Fuerzas Armados Revolucionarias de Colombia se convirtió en un negocio.

“Buscaban lo que llamaban inteligencia o información financiera y esa inteligencia o información financiera podría llegar por cualquier lado. Había personas que eran amigas de la organización, había bandas que vendían información, había bandas criminales en las ciudades con las cuales se llegaba un acuerdo para repartirse las ganancias”, indicó Lemaitre.

Y finalizó: “Lo que encontramos también en la práctica es que este sistema de identificar a quién secuestrar, además del dolor y la angustia que trae el secuestro, resultó en el secuestro de muchas personas que tuvieron que endeudarse para pagar por su liberación, de vender todo o de coger deuda o de recoger entre sus amigos”.

Cargos al secretariado de las Farc

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis exintegrantes del secretariado de las Farc-EP como máximos responsables de graves crímenes de guerra, entre ellos el reclutamiento y la utilización de los niños dentro de sus filas.

Según el tribunal, estos crímenes habrían ocurrido en el contexto del conflicto armado interno de Colombia y comprenden una serie de delitos contra menores de edad que incluyen no solo el reclutamiento forzado, sino también malos tratos, tortura, homicidios, y diversas formas de violencia sexual, reproductiva y motivada por prejuicios.

Esta imputación de la JEP hace parte del macrocaso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado. En este caso, la JEP ha recogido testimonios, documentos y pruebas que evidencian la responsabilidad de altos mandos de la extinta guerrilla de las Farc en la vulneración de derechos fundamentales de menores, quienes fueron sometidos a condiciones que la justicia transicional considera actos de guerra.

El tribunal destaca que estos delitos habrían afectado profundamente a los menores, no solo al ser incorporados forzosamente en la organización armada, sino también al ser objeto de violencias dentro de la vida intrafilas, que incluían agresiones físicas y psicológicas, así como abusos sexuales.