El Departamento de Estado de Estados Unidos le prohibió la entrada a ese país del general (r) colombiano Mario Montoya Uribe y a su familia, por su presunta implicación en violaciones graves de los derechos humanos.
Esta decisión se basa en pruebas que vincularían a Montoya Uribe con ejecuciones extrajudiciales de civiles, presentadas falsamente como bajas en combate durante el conflicto armado en Colombia.
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“Existen pruebas creíbles de que durante su mandato, Montoya Uribe estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, que se informaron falsamente como muertes en combate durante el conflicto armado interno de Colombia”, señaló el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.
Montoya Uribe, que fue comandante del Ejército Nacional de Colombia, está actualmente bajo la jurisdicción de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde enfrenta acusaciones relacionadas con los llamados “falsos positivos”.
Estos casos se refieren a la muerte de civiles que fueron reportados como guerrilleros abatidos en combate, un escándalo que ha sacudido a Colombia y ha puesto en tela de juicio las prácticas militares durante el conflicto armado.
El comunicado del Departamento de Estado señala que, como resultado de esta acción, ni Montoya Uribe ni sus familiares directos son elegibles para ingresar a Estados Unidos.
Esta medida se da en un esfuerzo por parte del gobierno estadounidense para apoyar una “paz duradera” en Colombia, que tenga en cuenta las necesidades de las víctimas y los sobrevivientes del conflicto. “Estados Unidos ha apoyado con orgullo la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia desde su firma en 2016. Nos sumamos al pueblo colombiano para conmemorar su octavo aniversario este noviembre”, agregó Blinken.
Además, el Departamento de Estado ha elogiado el trabajo de la JEP en su misión de poner fin a la impunidad de los crímenes relacionados con el conflicto y de responder a las víctimas en todas las etapas del proceso de justicia transicional.
Esta entidad ha sido fundamental en la implementación del acuerdo de paz, y su labor es vista como un paso crucial hacia la reconciliación y la justicia en el país sudamericano.
La prohibición de entrada a Montoya Uribe es un recordatorio del compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos y la justicia, y refleja su intención de colaborar con Colombia en la construcción de un futuro más pacífico y justo.
Quién es Mario Montoya Uribe
Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional de Colombia, enfrenta serias acusaciones por su presunta participación en los casos de falsos positivos, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La JEP ha imputado a Montoya por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con al menos 130 de estos incidentes ocurridos entre 2002 y 2003 en el oriente antioqueño.
“La Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que la obligación impuesta por el general (r) Mario Montoya Uribe, como comandante de la IV Brigada (2002-2003) a las unidades tácticas de reportarse en términos de “litros”, “chorros”, “ríos”, “barriles”, o “carrotancados” de sangre fue una orden recurrente”, asegura el tribunal de paz.
La JEP ha destacado que Montoya, durante su mando en la IV Brigada, ejerció una presión considerable sobre sus subordinados para reportar “muertes en combate” como el único indicador de éxito, lo que habría incentivado estas ejecuciones extrajudiciales. A pesar de las repetidas solicitudes de Montoya para anular las imputaciones, la JEP ha mantenido su decisión de llevarlo a juicio adversarial.
Montoya y otros militares bajo su mando han sido acusados de utilizar un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y de dar órdenes para que no se reportaran capturas, ya que estas no eran consideradas resultados operacionales deseados. La JEP sigue investigando su posible responsabilidad en otros casos de ejecuciones extrajudiciales mientras fue comandante del Comando Conjunto Caribe y del Ejército Nacional.
“La Sala también continúa investigando los crímenes cometidos por agentes del estado en connivencia, asociación u operaciones conjuntas con grupos paramilitares en Antioquia en el marco del Caso 08. Hasta el momento, la JEP ha imputado a 62 personas por ´falsos positivos´”, finaliza la JEP.
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