Las investigaciones por casos de corrupción en el Gobierno nacional avanzan en la Fiscalía General de la Nación. Por medio de un comunicado, el ente acusador informó que imputó cargos a la exministra del Deporte María Isabel Urrutia Ocoró por presuntas irregularidades que se registraron en un proceso de contratación en el que, al parecer, buscaba favorecer a un particular.
De acuerdo con la Fiscalía, la procesada fue presentada ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías y en la audiencia fue imputada con cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos relacionados con el trámite precontractual.
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¿Por qué se investiga a la exministra del Deporte?
La exfuncionaria, que salió del Gobierno de Gustavo Petro en febrero de 2023, se encargó de liderar un proceso de contratación para ejecutar un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, con el que se pretendía hacer más eficaz la tarea de restringir el derecho de admisión en los estadios a ciertas personas que tuvieran antecedentes. Esto, mediante la asociación de la boleta con el documento de identidad de los ciudadanos.
Para llevar a cabo el proceso de contratación, era necesario garantizar la participación de varios oferentes, en aras de adjudicar el contrato a al mejor de ellos, luego de un proceso de evaluación. Sin embargo, según los resultados que hasta el momento ha arrojado la investigación de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, la exministra quiso favorecer a un particular, que fue seleccionado por ella de manera directa. De esta manera, habría violado las directrices de contratación y lo establecido en el Decreto 1622 de 2022, en el que se ordena que se lleve a cabo una licitación pública en la que concurran varios oferentes.
En el mencionado decreto también hay un apartado en el que se indica que el Ministerio del Deporte puede contratar el diseño y la implementación de un sistema de validación nacional, pero, en este caso, la ex jefa de cartera adelantó el proceso de contratación para el análisis de la implementación del sistema.
“La servidora pública, al parecer, buscó en dos oportunidades a intermediarios para adjudicarles el contrato; sin embargo, los condicionó a subcontratar a una particular con quien se había acordado desde el inicio del proceso que se quedaría con el proyecto”, precisó la Fiscalía en el comunicado.
Advertencias ignoradas y millones de pesos injustificados
A todo esto se suma que por lo menos en tres oportunidades, integrantes del equipo jurídico y técnico de la exministra advirtieron sobre las irregularidades que se estaban cometiendo en el proceso, pero sus señalamientos fueron ignorados. Acto seguido, el 30 de diciembre de 2022, Urrutia decidió suscribir un convenio interadministrativo con una entidad pública indirecta.
Pero, los problemas referentes al contrato empezaron, incluso, desde antes. Pues, no hubo estudios de mercado y no se adelantó el debido proceso para establecer el precio del contrato y el valor de cada una de las actividades previstas para su ejecución. A pesar de eso, sin tener ningún respaldo, se definió que el valor del mismo sería de $4.950 millones.
Así las cosas, la Fiscalía determinó que el delito de falsedad en documento público está relacionado con dos eventos específicos: el suscribir los estudios previos del contrato y el acto administrativo de justificación, presentando hechos que no se ajustaban a la realidad.
En su momento, el presidente Gustavo Petro informó a la ciudadanía que declaró insubsistente a la exministra del Deporte por haber incurrido en “actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación”. Además, en noviembre de 2023, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos en su contra por haber celebrado 95 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión de manera presuntamente irregular.
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