Así es como se habría constituido el presunto desvío de recursos en EPS intervenidas por el Gobierno: pagaban hasta el doble de lo permitido

Siguen conociéndose detalles del presunto cartel de la corrupción que se habría formado en tres EPS intervenidas por el Gobierno nacional, supuestamente, para mejorar la situación financiera de las promotoras y que terminó convertido en un escándalo por posible desviación de recursos asignados por el Ejecutivo.

Y es que desde hace varias semanas la Superintendencia de Salud advirtió de dicho entramado, del que culpó directamente a Mario Andrés Urán, un influyente asesor en el sector y lobbista apoyado por políticos de renombre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Presunta confabulación liderada por un particular, el señor Mario Andrés Urán, a través de su cargo de asesor en Coosalud, para la postulación y direccionamiento de contratos a las mismas IPS. Además, por la concentración de pagos en ciertas IPS sin la debida justificación de estos y en detrimento del giro de recursos a otras entidades de salud”, señaló la SuperSalud en un comunicado.

Desde entonces, la atención se ha centrado en indagar cómo el asesor, supuestamente, coordinó el entramado criminal en el manejo de recursos destinados a las EPS, intervenidas por el Gobierno, entre ellas Emssanar, Asmet Salud y SOS.

De hecho, una reciente investigación de la revista Cambio, reveló cómo se habría dado el entramado corrupto al interior de las promotoras y en las que habrían estado involucrados funcionarios de IPS, laboratorios, proveedores y hasta los interventores asignados por el Ejecutivo.

Urán, señalado como el cerebro detrás de este entramado, habría utilizado su posición como asesor en Coosalud para influir en la distribución de contratos y pagos a ciertas IPS. Aunque su abogado sostuvo al medio nacional que su cliente solo brindó asesoría legal permitida, las investigaciones apuntan a una red más amplia de colaboradores, incluidos funcionarios públicos y abogados, que habrían facilitado estas operaciones. Estos pagos habrían sido priorizados sin justificación adecuada, y en algunos casos, los fondos desviados habrían terminado en paraísos fiscales, según declaraciones del presidente Gustavo Petro.

El esquema denunciado se basa en la postulación de pagos, un proceso en el cual los interventores de las EPS determinan mensualmente cómo distribuir los recursos recibidos del Gobierno. Sin embargo, en las EPS intervenidas, se habrían realizado pagos desproporcionados a ciertos prestadores, mientras que otros quedaron sin recibir los montos adeudados. Esta situación levantó sospechas sobre la existencia de un “cartel de las postulaciones”.

“Los recursos que se les giran a las EPS intervenidas se usan para gastos corrientes, atención y prestación de servicios. Si después de esos gastos alguna plata les sobra, la pueden utilizar para pagar obligaciones anteriores o deudas que provocaron la intervención. El problema es que a ninguna EPS le alcanza la plata que le giran, ni siquiera para costear la mera atención salud. Por cada peso que recibe una de estas empresas, se gasta 1,5 atendiendo a sus usuarios”, señaló una fuente enterada del caso al medio citado.

Cambio obtuvo testimonios que corroborarían la existencia de firmas de abogados que, bajo la apariencia de cobrar carteras, habrían intervenido indebidamente en las decisiones de pago, cobrando comisiones conocidas como coimas. Entre los involucrados se menciona a Indira Ocando Britto y Tony Negrette, quienes habrían mantenido contratos con las EPS investigadas.

La investigación también señala a los interventores de las EPS, como César Sánchez de Emssanar y Javier Cormane de Asmet Salud, quienes habrían tenido conexiones con Urán. Además, Carlos Marino Escobar, exempleado de Coosalud y actual interventor de SOS, es señalado como una pieza clave en el esquema.

“La irregularidad se probaría revisando los pagos que se hicieron a algunos prestadores beneficiados con el cartel, ya que a muchos que antes de la intervención les pagaban 10 pesos, ahora les pagan 30 o hasta 50. El aumento exagerado de esos pagos es lo que genera muchas dudas, ¿por qué a algunos les pagan más que a otros?”, señaló otra fuente.

Ante la gravedad de las acusaciones, el nuevo superintendente de salud, Giovanny Rubiano, decidió reemplazar a los agentes interventores de las EPS intervenidas, nombrando a Gabriel Enrique Castilla, Carlos Eduardo Franco y Gloria Libia Polanía como nuevos administradores de Emssanar, SOS y Asmet Salud, respectivamente. Sin embargo, estos nombramientos han sido cuestionados por no figurar en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (Rilco).

Mientras tanto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha declarado que el caso está en manos de las autoridades competentes, sin dar detalles de cómo se pudo formar el entramado corrupto con colaboración de funcionarios asignados por el Gobierno nacional.