Javier Arias Castañeda, conocido en redes como Javier Arias Stunt, se encuentra bajo la lupa de Coljuegos debido a la organización de rifas de alto valor sin cumplir con los requisitos legales establecidos en Colombia.
Según la Ley 643 de 2001, estas actividades requieren autorización nacional, la cual ni Arias ni sus empresas solicitaron, según menciona la entidad reguladora en su comunicado.
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Arias es un influencer y empresario reconocido por sus acrobacias en motocicletas y su estilo de vida llena de lujos, es propietario de ACJ Digital Revolution S.A.S, una empresa dedicada al comercio de vehículos automotores nuevos. A través de sus redes sociales, promueve rifas de vehículos, motos y apartamentos, invitando a sus seguidores a participar con el requisito de seguir su cuenta. Además, realiza entregas sorpresa en las calles de diferentes ciudades bajo esta misma modalidad.
De acuerdo con Coljuegos, también están siendo investigados Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, y el influencer Yeferson Cossio. “Entre los perfiles investigados se encuentran empresas como Productos Epa Colombia S.A.S., Grupo Cossio S.A.S., Lechoneitor S.A.S., Supertiendas Olímpica, Javier Arias Stunt, entre otras”, se lee en el comunicado de Coljuegos.
En total, la Gerencia de Control a las Operaciones Ilegales tiene abiertos 35 procesos administrativos sancionatorios contra influenciadores y empresas que operan rifas y promocionales a través de redes sociales, sin la respectiva autorización y sin pagar derechos de explotación.
“Estamos investigando a las personas naturales y jurídicas que rifan bienes muebles, inmuebles y dinero en efectivo en redes sociales, pero que no piden las autorizaciones. Además de incurrir en una presunta violación al ordenamiento penal, estas personas estarían dejando de pagar recursos que posteriormente son transferidos al sistema de salud”, dijo Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos, citado en el comunicado.
Asimismo, quienes sean hallados culpables administrativamente por Coljuegos podrían recibir una sanción de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como inhabilidad para ejercer la actividad. Por ende, Hincapié invitó a los diferentes empresarios a que realizan rifas para que gestionen y soliciten las respectivas autorizaciones y así, evitar consecuencias legales, por lo que estarían incurriendo en un delito.
La situación de Daneidy Barrera Rojas, Yeferson Cossio y los demás influencers reflejan un esfuerzo por parte de las autoridades para regular y controlar el sector de los juegos de azar, asegurando que todas las operaciones cumplan con las normativas vigentes. Este tipo de investigaciones son cruciales para mantener la integridad del mercado y proteger a los consumidores de prácticas ilegales.
Cabe resaltar que, además de los 35 procesos, Coljuegos está investigando otros 79 perfiles de redes sociales que operan rifas ilegales, pero que no pertenecen a personas naturales o jurídicas que puedan ser identificadas.
Caso Javier Arias
En este momento, Javier Arias enfrenta actualmente dos procesos sancionatorios relacionados con la operación de juegos de suerte y azar sin autorización, según declaraciones de Hincapié. Estos procedimientos están en fase de averiguación preliminar para identificar a los presuntos responsables.
De acuerdo con el directivo, el primer proceso fue iniciado el 11 de junio de 2024 contra la empresa ACJ Digital Revolution, mientras que el segundo, fechado el 30 de agosto de 2024, se dirige contra Javier Arias Stunt SAS. Ambos casos buscan esclarecer las actividades no autorizadas en el ámbito de los juegos de azar.
Las investigaciones se centran en determinar si las empresas vinculadas a Arias han operado sin las licencias necesarias, lo que podría acarrear sanciones significativas. Por eso, autoridades examinan la documentación y las actividades de estas entidades para establecer la responsabilidad de los implicados.
La aparición del Tesla Cybertruck y las actividades de rifas han incrementado la notoriedad de Arias en las redes sociales, pero también han puesto en evidencia la necesidad de cumplir con las normativas legales para evitar sanciones.
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