Bogotá, la capital de Colombia, enfrenta un desafío significativo en su lucha contra el crimen. Con una población de más de 7 millones de habitantes, la ciudad cuenta con un número considerable de guardas de seguridad privada, que superan en número a los agentes de la Policía Nacional. Actualmente, hay 169.636 guardas de seguridad privada en comparación con 16.158 policías, lo que representa una proporción de 10.5 guardas por cada policía. Esta situación llevó a que se proponga una nueva estrategia para combatir el crimen en la ciudad.
En el Concejo de Bogotá, planteó la idea de integrar a los guardas de seguridad privada en las estrategias de seguridad de la capital. Julián Uscátegui, concejal de Bogotá, es uno de los defensores de esta iniciativa. Uscátegui argumenta que el capital humano de los guardas de seguridad podría ser aprovechado de manera preventiva y disuasiva en la lucha contra el crimen. Propone que estos profesionales se integren en redes de cooperación ciudadana y frentes de seguridad.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
“Hacemos un llamado al alcalde de Bogotá para que aproveche este capital humano, los incluya en la estrategia y que estos hombres ayuden de forma preventiva y disuasiva a través de las redes cooperación ciudadana o frentes de seguridad en la lucha contra el crimen en la capital del país”, indicó el funcionario.
La agremiación de empresas colombianas de seguridad privada expresó su disposición a colaborar, aunque aclara que no han recibido una propuesta formal para participar activamente en la seguridad de la ciudad. Sin embargo, destacan que ya están trabajando en una iniciativa llamada “trinomio de seguridad” junto con el distrito, respetando las funciones que la ley les permite. De acuerdo con Luis Miguel Cortés, representante de la agremiación, los guardas de seguridad tienen restricciones legales en el uso de armas, las cuales solo pueden ser utilizadas en defensa propia.
“Ningún guarda de seguridad puede accionar su arma, herir o quitarle la vida a una persona. La única forma que establece la ley para que puedan accionar su arma es que su propia vida esté en peligro y sea una forma de salvaguardarse”, explicó el vocero del gremio.
Expertos en seguridad han comentado sobre la viabilidad de esta propuesta. Hugo Acero, experto en el tema, señaló según Noticias RCN que, aunque las empresas de vigilancia no pueden realizar funciones propias de la policía, como requisas o pedir documentos, sí pueden colaborar proporcionando información y fomentando la solidaridad con la ciudadanía.
“Desde luego las empresas de vigilancia y seguridad privada no podrán realizar algunas labores propias de la Policía como hacer requisas o pedir documentos en cualquier parte de la ciudad, pero por su puesto pueden ayudar con información y con lazos de solidaridad con la ciudadanía”, detalló el experto.
En este contexto, es preciso mencionar que, durante los primeros diez meses de 2024, las empresas de seguridad privada reportaron en Bogotá 1.366 hurtos a comercios, 686 robos a personas, 526 a residencias y 38 a vehículos. Estos datos reflejan la magnitud del problema de seguridad en la ciudad y ponen en evidencia la necesidad de explorar nuevas estrategias para abordarlo.
Como dato adicional, cabe añadir que la capital colombiana concentra cerca del 48% de todos los guardas de seguridad del país, lo que resalta la importancia de considerar su integración en los planes de seguridad de la ciudad. La propuesta de incluir a los guardas de seguridad privada en la estrategia contra el crimen busca aprovechar este recurso humano para mejorar la seguridad en la capital colombiana.