En 1985, Pablo Escobar, el extinto capo del cartel de Medellín, financió la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, según lo reveló, en su momento, Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, uno de sus sicarios más cercanos al narcotraficante.
En una entrevista con la revista Semana, alias Popeye afirmó que Escobar proporcionó armas y dos millones de dólares al grupo guerrillero M-19 para llevar a cabo el ataque, un evento que dejó más de un centenar de muertos y marcó un capítulo oscuro en la historia de Colombia.
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El testimonio de Jhon Jairo Velásquez, que falleció después de cumplir una condena de 23 años, detalló que Escobar no solo financió la operación, sino que también sugirió al M-19 que tomara el Senado en lugar del palacio de Justicia, con el objetivo de presionar al gobierno del presidente Belisario Betancur para que renunciara a su decisión de extraditar a colombianos a los Estados Unidos.
“El patrón les decía que no se metieran al Palacio, sino al Senado, porque el presidente Belisario Betancur sí iba a pelear por el Senado”, dijo alias Popeye en la entrevista con Semana.
Sin embargo, el plan B, para el capo, consistía en asesinar a magistrados y quemar expedientes judiciales, fue el que finalmente se ejecutó, según este colaborador de Escobar: “El plan ‘B’ era matar la mayor cantidad de magistrados y quemar los expedientes, que fue el que se realizó porque ellos tenían un trabajo avanzado en la Corte, la tenían infiltrada”.
La Comisión de la Verdad, en su informe de 2009, corroboró la versión de alias Popeye, indicando que Escobar entregó dos millones de dólares a Iván Marino Ospina, líder militar del M-19, y que el grupo guerrillero recibió armas para la toma. Sin embargo, algunos exmiembros del M-19, como José Otty Patiño, negaron cualquier vínculo con Escobar, calificando de inmoral la idea de que la decisión de atacar el palacio fuera influenciada por un narcotraficante.
Por su parte, el actual presidente Gustavo Petro también cuestionó la relación entre Escobar y el M-19, sugiriendo que fue una invención. Por otro lado, el libro de Carlos Lehder, otro narcotraficante de la época, sostiene que Escobar no financió la toma, lo que añade más complejidad a la narrativa de estos eventos.
El ataque al Palacio de Justicia y la posterior retoma por parte del Ejército Nacional han sido objeto de múltiples investigaciones y controversias. La Comisión de la Verdad destacó que el Estado colombiano debe aceptar su responsabilidad por el “exceso de la fuerza pública” durante la recuperación del edificio. A pesar de las múltiples versiones y testimonios, el caso sigue sin resolverse completamente en los tribunales, y las víctimas continúan exigiendo la verdad sobre lo ocurrido
La toma del Palacio de Justicia En 1985: escenario de un enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla del M-19
El 6 de noviembre de 1985, el Palacio de Justicia en Bogotá fue escenario de un violento enfrentamiento entre el Ejército Nacional y la guerrilla del M-19, resultando en la destrucción del edificio y la muerte de numerosas personas. Este evento, hasta la fecha, ha sido objeto de controversia, especialmente en cuanto a la supuesta financiación de la toma por parte del narcotraficante Pablo Escobar y el Cartel de Medellín.
Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, que fue miembro del M-19, desmintió estas acusaciones. En su cuenta de X, Petro calificó la versión oficial de los hechos como “mentirosa” y afirmó que la relación entre el M-19 y Escobar es un “invento”. Petro sostuvo que la toma del Palacio fue una respuesta a la negativa del gobierno de entonces a restablecer un acuerdo de paz con el M-19.
Otty Patiño y Vera Grabe, reiteraron que no existió tal relación con Escobar. Patiño, en declaraciones a la Comisión de la Verdad, expresó su convicción de que los comandantes del M-19, como Álvaro Fayad, no habrían aceptado órdenes de un narcotraficante. Además, Patiño y otros exintegrantes del M-19 señalaron que el grupo enfrentaba serias dificultades financieras y logísticas en ese momento, lo que haría improbable cualquier vínculo con Escobar.
La toma del Palacio de Justicia dejó un saldo trágico de muertos y desaparecidos. La operación militar para retomar el control del edificio fue criticada por el uso excesivo de la fuerza y la falta de protección a los rehenes. La Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó casos de desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias durante la retoma.
El debate sobre la responsabilidad y las motivaciones detrás de la toma del Palacio de Justicia sigue siendo un tema de discusión en Colombia. La narrativa oficial ha sido cuestionada por diversas fuentes, y las declaraciones de figuras como Petro y Lehder añaden nuevas dimensiones a la comprensión de este evento histórico.
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