
El 29 de octubre de 2024 fue aprobado en el sexto debate de la plenaria del Senado de la República la polémica reforma al Sistema General de Participaciones, pese a las constantes advertencias de los sectores de oposición y miembros del gabinete presidencial, que manifestaron su preocupación por posibles consecuencias económicas.
La iniciativa, apoyada públicamente por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pretende fortalecer la autonomía territorial y garantizar una asignación más equitativa de los recursos, particularmente, en las regiones más golpeadas por la pobreza.
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Sin embargo, tras aprobar la iniciativa, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, expresó su descontento por los cambios avalados en el Congreso de la República.
Reputación de Colombia en vilo
Según la congresista, los cambios planteados al Sistema General de Participaciones afectarán de manera contundente la reputación del país ante la banca internacional. Esto significa que la clasificación de la deuda del país puede cambiar, lo que representa más gasto para el Estado.

“Apurando este proyecto vamos a perder la calificación de la deuda, ya en un informe del Banco de Bogotá se mostraba que los títulos colombianos ya están pagando como si se hubiera perdido la calificación de la deuda”, señaló en su cuenta de X.
A propósito, resaltó que a partir de ahora, con la sanción del proyecto de ley, será más difícil para el Estado negociar la deuda adquirida. Asimismo, recordó que la última vez que al país le pasó algo similar le tocó asumir un pago multimillonario.
“Cuando se pierde la calificación de la deuda, se va a tener dificultades para colocar, y hay que tener rotación de la deuda, porque no se va a poder pagar y se pierde credibilidad, pues es más difícil venderla y es más difícil pagar. Nosotros al año estamos pagando $5 billones más por haber perdido una calificación de la deuda y esa es plata que también tiene que poner el Estado”, añadió.
Falta de claridad
Bajo la misma línea, la congresista de la oposición aseguró que no hay claridad de cómo se va a hacer la transición y repartición de nuevas facultades a los departamentos y municipios, puesto que con el modelo centralista actual el Estado tiene el control de aspectos claves para el funcionamiento del país.
Por ejemplo, el pago de muchos compromisos con la Rama Judicial, con la salud, con las Fuerzas Militares y otras entidades del orden nacional, que a su parecer no se pueden entregar a los gobernadores y alcaldes. En paralelo, dijo que la implantación de esta nueva reforma, que tiene un costo de más de $500 millones, representa un aumento en el gasto público, que ha sido fuertemente criticado a lo largo de 2024.
Más reformas tributarias
Así las cosas, la congresista sostuvo que para financiar los cambios apoyados por el Gobierno nacional será necesario hacer varias reformas tributarias en el país en los siguientes años.
“En los próximos 12 años eso nos va a costar $503 billones y eso es un presupuesto como el que tenemos actualmente y eso hace que la deuda nacional se vaya a incrementar hasta el punto de que a rozar los límites de la regla fiscal”, afirmó.
Por último, Paloma Valencia aseguró que con el aumento de poder y la autonomía regional se podría dilucidar un escenario en el que los dirigentes utilicen las nuevas facultades otorgadas para hacer “politiquería” y atornillarse en el cargo. En ese sentido, recapituló que se giraron $109 billones para las regiones en los últimos años, de los cuales en muy pocas oportunidades se invirtieron para garantizar el desarrollo y el bienestar de los colombianos.
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