Con la revelación de un preocupante informe, durante la cuarta jornada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad COP16, que se lleva a cabo en Cali (Valle del Cauca), la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) hizo un urgente llamado para preservar la vida de los líderes ambientalistas en el país. Y es que, según la organización no gubernamental, más de 350 ambientalistas fueron asesinados en los últimos seis años, lo que sin duda encendió las alertas sobre los riesgos que implica la defensa del ecosistema.
En total, son 361 crímenes que se registraron desde 2018 en el territorio nacional, siendo 2023 el más violento en ese sentido, ya que hubo 81 asesinatos. No obstante, según Francisco Daza, coordinador de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, es positivo que, en un primer hallazgo, exista una disminución sobre lo que denominó “violencias homicidas” contra los liderazgos ambientales en lo que va de 2024, lo que permite guardar cierta esperanza acerca de esta grave problemática.
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Pese a ello, y según datos de la ONG Global Witness, Colombia es el país en el que se registraron más asesinatos de ambientalistas en 2023. Esto se debe, de acuerdo con esta organización, a que la disputa por el control territorial, en especial zonas mineras, se convirtió en un factor de riesgo importante para quienes adelantan la defensa del medio ambiente. “Este informe va más allá de una cifras: es importante destacar las voces de las personas asesinadas y de otros que aún siguen vivos”, dijo Daza.
El 66% de los crímenes están impunes
En medio de este difícil contexto, Daza precisó que el 66% de los asesinatos identificados de líderes y lideresas ambientalistas, desde 2018 hasta la fecha, por desgracia, no tienen un actor identificado. “Esto sería una muestra de la impunidad y falta de esclarecimiento de los casos”, apuntó el expositor, que también mencionó cómo al menos el 53% de los casos ocurrieron en solo tres departamentos: Antioquia, Cauca y Nariño; en regiones donde operan organizaciones como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN.
Con todo y ello, el académico tiene una visión, si se quiere, positiva de la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro. “Ha sido útil para que los actores armados, que suelen ser una causal de la violencia, no cometan acciones contra los líderes y lideresas y haya una disminución de los homicidios”, afirmó. A su vez, denunció una serie de fallas estructurales del sistema judicial en Colombia, con ineficiente papel de la Fiscalía, lo que fomenta a que, en su concepto, se ejerzan violencias contra liderazgos ambientales.
“Desde el 2020 hasta 2024 no hay sentencias sobre casos de violencias homicidas contra liderazgos ambientales, eso responde a la falta de esclarecimiento”, denunció Daza. Cabe destacar que cerca del 57% de los homicidios registrados en dos estos departamentos (Cauca y Nariño), que comprenden al menos 89 casos, fueron de líderes indígenas, lo que supone una problemática aún mayor, debido a que estarían poniendo en riesgo sus vidas por defender la autonomía de sus territorios.
Factor común de los crímenes
Un factor común en estos crímenes es que los líderes que se opusieron a megaproyectos como hidroeléctricas y minas también fueron ultimados, de acuerdo con el informe presentado por Paz y Reconciliación. Y se hizo mención de los casos de Jaime Monge, el reconocido Protector de los Farallones, y de Juana María Perea, lideresa del Golfo de Tribugá: ambos asesinados, pero “hasta el último día de sus vidas”, como precisó Daza, mostraron el compromiso de cuidar los entornos naturales de la ilegalidad.
Pese a los diálogos que fomenta el Gobierno de Gustavo Petro con estas estructuras criminales, con la esperanza de firmar la paz así como ocurrió en 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el informe dio a conocer una conclusión que sería, en sí, la muestra de los pobres resultados en esas negociaciones. “La baja coordinación de las instituciones del Estado ha impedido dar respuesta a esta violencia selectiva”, se leyó en el informe de Pares.
Más de la mitad de los casos serían cometidos por las disidencias, el Estado Mayor Central o la Segunda Marquetalia; un 20% del ELN y un 16% restante del referido clan; organizaciones con diálogos en curso o por iniciarse “Se puede afirmar que, de cada 100 casos de violencia homicida en donde se identifica el presunto perpetrador, 53 casos son cometidos por disidencias. Específicamente, el porcentaje de eventos perpetrados por el EMC es de 36% respecto al total de eventos cometidos por grupos disidentes”, indicaron desde Pares.
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