El anhelo de contar con una vivienda propia por parte de más de 300 familias en Engativá, una localidad del noroccidente de Bogotá, se convirtió en un calvario. La constructora Cusezar, entre los años 2014 y 2015, inició la comercialización de apartamentos de Vivienda de Interés Social (VIS) y no VIS para los conjuntos residenciales Mónaco y San Remo, ambos situados en el sector de Bolivia. Esta oferta se presentó como una inversión atractiva, prometiendo importantes beneficios para los compradores.
El conjunto residencial San Remo, prometía estar conformado por 384 apartamentos de tres alcobas, distribuidos en tres torres de 16 pisos, con tamaños de 69, 72,8 y 78 metros cuadrados. Las áreas comunes incluirían un salón infantil, un gimnasio completamente equipado y una terraza para asados, entre otros espacios de recreación. Los precios de los apartamentos rondaban los 280 millones de pesos. Por otro lado, el proyecto Mónaco iba a consistir en dos torres de seis pisos con un total de 48 apartamentos VIS de 51,50 metros cuadrados, con un precio de 98 millones de pesos por vivienda.
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Cusezar logró asegurar el financiamiento y comenzó las obras tanto en San Remo como en Mónaco, prometiendo a los compradores la entrega de sus apartamentos en un plazo de dos años. Sin embargo, un litigio judicial paralizó ambos proyectos. En 2016, los residentes del Conjunto Residencial Bolivia Oriental, ubicado cerca de los desarrollos, interpusieron una acción popular ante el Juzgado Administrativo 22 de Bogotá, solicitando medidas cautelares para detener las licencias de construcción, alegando que las curadurías urbanas habían otorgado estas licencias con irregularidades y omisiones relacionadas con el uso del espacio público.
La acción popular enfatizaba que se debían proteger los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y al uso adecuado del espacio público, particularmente en lo que respecta a la avenida El Cortijo o calle 90.
Las edificaciones de una torre de 16 pisos y dos torres de seis pisos permanecen inacabadas y deterioradas, a pesar de que la zona está cercada y cuenta con vigilancia privada. Este estado de abandono contrasta con la historia que comenzó en 1988, cuando el Departamento Administrativo de Planeación aprobó la Resolución 171 para la urbanización Bolivia Oriental Etapa III.
Años después, en 1997, se emitió la Resolución 94, definiendo el plano de la urbanización y las zonas que debían ser cedidas al Distrito. En 1999, La Solidez S.A., ahora Cusezar, cumplió con su obligación de entregar al Distrito la “zona verde n.° 15″. Sin embargo, una década más tarde, en 2012, la Curaduría Urbana 2 otorgó licencias de construcción para los proyectos San Remo y Mónaco, en terrenos reservados para la construcción de la avenida El Cortijo, lo que desencadenó la controversia legal.
El 22 de octubre de 2020, el Juzgado 22 falló a favor de los demandantes, ordenando a Cusezar entregar el terreno en un plazo de seis meses y a la vez suspendiendo las licencias de construcción. Aunque Cusezar apeló, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el fallo el 25 de mayo de 2023, argumentando que la curaduría no consideró que el terreno debía ser utilizado para infraestructura vial. El Consejo de Estado posteriormente decidió no revisar la sentencia, lo que obligó a Cusezar a cumplir con el fallo original.
Aunque el fallo del tribunal no menciona específicamente la demolición, surge la pregunta sobre cómo se llevará a cabo la entrega del terreno sin ocupación. La Secretaría de Planeación le informó a Semana que están trabajando con el Departamento Administrativo para la Defensa del Espacio Público (Dadep) y la Alcaldía de Engativá en visitas técnicas para identificar posibles ocupaciones que dificulten la entrega de la zona destinada a la avenida El Cortijo.
Cusezar, la constructora involucrada, aseguró haber reembolsado a todos los compradores, aunque algunos manifestaron su descontento, señalando que, tras cinco años de espera, no recibieron intereses sobre el dinero que entregaron.
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