El presidente Gustavo Petro nuevamente generado controversia al calificar de “anticonstitucional y delictiva” la investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lleva a cabo sobre su campaña electoral de 2022.
Esta declaración fue compartida a través de su cuenta en la red social X, en la que también reveló una comunicación de la Asociación de Abogados Europeos por la Democracia y los Derechos Humanos del Mundo que cuestiona la legitimidad de dicha investigación.
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La investigación del CNE se centra en el presunto sobrepaso de los límites mínimos de financiación durante la campaña electoral que llevó a Petro a la presidencia. Este proceso ha sido objeto de críticas por parte de la mencionada asociación europea, que se ha pronunciado en contra de la decisión del organismo electoral colombiano. Según el mensaje compartido por Petro, la asociación considera que la acción del CNE es contraria a la constitución y a los principios democráticos.
El presidente Petro ha utilizado su plataforma en redes sociales para expresar su desacuerdo con el CNE, destacando el respaldo que ha recibido de organizaciones internacionales en su defensa. La situación generó un debate sobre la transparencia y la legalidad de los procesos electorales en Colombia, así como sobre la independencia de las instituciones encargadas de supervisarlos.
La reacción del presidente Petro se dio porque los Abogados Europeos por la Democracia y los Derechos Humanos en el Mundo (Eldh) expresaron su preocupación por lo que consideran una campaña de persecución política contra el jefe de Estado colombiano.
Según un comunicado de la asociación, la Comisión Nacional Electoral de Colombia estaría llevando a cabo acciones que violan el principio de inviolabilidad presidencial, un derecho consagrado en la Constitución de Colombia. Estas acciones, afirman, contradicen los estándares de la Corte Interamericana de Justicia (Cidh), que protege a los funcionarios electos de la manipulación judicial.
“Estas acciones violan flagrantemente el principio de inviolabilidad presidencial, claramente consagrado en la Constitución de Colombia, y contradicen directamente los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Justicia (Corte IDH), que salvaguarda las instituciones democráticas y protege a los funcionarios electos de la manipulación judicial”, dice el comunicado.
El Eldh señaló que este tipo de situaciones no son exclusivas de Colombia. En Ecuador, el expresidente Rafael Correa enfrentó una campaña similar de “lawfare”, término que describe el uso de procedimientos legales con fines políticos. En Bolivia, el expresidente Evo Morales también fue objeto de persecución legal tras su dimisión forzada. Estos casos reflejan un patrón de uso de herramientas judiciales para socavar el mandato democrático de líderes progresistas en América Latina.
“El uso de mecanismos legales para acosar y deslegitimar a cargos electos supone una amenaza significativa para el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en toda América Latina”, añaden en la carta.
La asociación europea enfatizó que oponerse a estas tácticas no significa apoyar la impunidad. Reconocen la necesidad de que todos los funcionarios públicos, incluidos los jefes de Estado, rindan cuentas ante procedimientos legales legítimos. Sin embargo, consideran que las acciones actuales en Colombia son un ejemplo claro de extralimitación judicial que amenaza la democracia en lugar de defender la justicia.
El Eldh hizo un llamado a las autoridades colombianas para que cesen estas acciones políticamente motivadas y respeten la voluntad democrática del pueblo. Además, instan a la Corte Interamericana de Justicia y a la comunidad internacional a monitorear de cerca la situación y tomar medidas adecuadas para defender la democracia y los derechos humanos en Colombia.
“El Eldh rechaza firmemente cualquier intento de desestabilizar un gobierno democráticamente elegido por medios judiciales, ya que erosiona la integridad de los procesos democráticos y socava la confianza pública en las instituciones”, dice el comunicado.
La situación en Colombia se da en un contexto más amplio de tensiones entre gobiernos progresistas y autoridades judiciales en la región. La asociación europea resaltó que el uso indebido de vías legales para cuestionar mandatos democráticos constituye un ataque directo a la democracia, erosionando la integridad de los procesos democráticos y socavando la confianza pública en las instituciones.
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