En la tarde del jueves 17 de octubre, se conoció la decisión del Consejo de Estado frente a la tutela contra el presidente de la República, Gustavo Petro por llamar “muñecas de la mafia” a periodistas, en la que solicitaban una retractación por parte del mandatario.
El abogado Germán Calderón España, junto con la periodista María Andrea Nieto, impulsó la acción legal. Sin embargo, la defensa del presidente, encabezada por la abogada Carolina Bellicia, argumentó que Petro no buscaba ofender, sino iniciar un debate sobre la influencia del narcotráfico en el periodismo. “Existen periodistas que, independientemente de su género, han sido cooptados por el narcotráfico, lo cual representa una grave amenaza para la integridad de la profesión”, fueron las palabras del presidente Petro, citadas por la abogada, en su solicitud.
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Gustavo Petro libraba dos tutelas, la segunda fue presentada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y 20 periodistas mujeres; esta también fue negada debido a “carencia de objeto por sustracción de materia”, señalando que ya no era necesario pronunciarse. El alto tribunal emitió la decisión para los dos recursos legales.
Según el alto tribunal, Calderón presentó una tutela sin solicitar previamente una rectificación ante el presidente, siendo este uno de los argumentos fuertes de la defensa de la presidencia, al afirmar que este paso es un requisito esencial para la procedencia de la tutela.
Ante esto, Calderón España respondió que, a su juicio, este requisito no aplica porque el presidente no es un medio de comunicación. “El Consejo de Estado ha sostenido en casos similares que la rectificación previa solo es exigible cuando se tutela a medios de comunicación, no a personas”, destacó.
Así las cosas, el Consejo de Estado declaró improcedente las tutelas basándose en el principio de subsidiariedad y en la falta de una solicitud previa de rectificación.
Los argumentos de la Flip para denunciar a Petro
“Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta”, estas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro durante su discurso en la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, el 30 de agosto de 2024, que generó mella en diferentes sectores políticos, y en efecto, en las periodistas del país.
Esto llevó a que la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), junto con la asociación El Veinte y un grupo de mujeres periodistas, interpusieran una tutela para, según ellos, proteger sus derechos ante las “reiteradas estigmatizaciones del presidente Gustavo Petro en su contra”, indicó la Flip vía X.
De acuerdo con lo que expresó la fundación, las declaraciones del jefe de Estado incurrieron en la vulneración de tres derechos fundamentales: violación a la libertad de expresión y a una vida libre de violencia, así como la vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación.
De la violación a la libre expresión, la Flip enfatizó que se trata de un derecho que se exige a todo funcionario público para que actúen con “cuidado” hacia quienes ejercen el periodismo, en este caso, mujeres periodistas.
En cuanto al derecho de una vida libre de violencia, indicó que “las estigmatizaciones presidenciales fomentan un clima de violencia verbal y digital, generando un entorno hostil que dificulta el libre ejercicio del periodismo por parte de las mujeres”. Entre tanto, sostuvo que expresiones como “muñecas de la mafia” refuerza estereotipos de género, cosificando a las periodistas y atacando su integridad personal.
En ese sentido, a través de la acción legal, solicitaban que se le ordenara al presidente “corregir su comportamiento y se garantice el ejercicio libre y seguro del periodismo. La tutela busca que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de periodistas en espacios digitales donde la violencia se traduce en amenazas reales”, apuntó el comunicado.
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