El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su rechazo y preocupación ante la decisión del Gobierno nacional de extender el cese al fuego con las disidencias de las Farc de alias Calarcá.
El mandatario antioqueño calificó la medida como perjudicial para la seguridad de los habitantes del departamento.
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En una declaración pública, Rendón lamentó profundamente la decisión, recordando que las disidencias han sido responsables de recientes actos de violencia en la región.
“Para que los antioqueños lo tengan claro, las licencias del Estado Mayor Central fueron los mismos que asesinaron hace menos de dos semanas a cinco pobladores en Santa Gallo”, expresó el mandatario, refiriéndose al ataque en el municipio de Ituango. También mencionó que esta misma estructura, bajo el mando de alias ‘Firu’, había asesinado a seis soldados de la Brigada Once del Ejército en Valdivia, tras colocar artefactos explosivos en la zona hace unos meses.
Andrés Julián Rendón pidió al Gobierno nacional “desatar las manos” de la fuerza pública para que puedan actuar de manera contundente contra estas estructuras criminales que generan terror y violencia en varias zonas rurales del departamento.
“Es una decisión que no logramos comprender”, aseguró, solicitando al comandante del Ejército que mantenga una presencia militar constante en las regiones más afectadas, como el Norte, Noreste y Bajo Cauca antioqueño.
El gobernador subrayó la importancia de una intervención continua en las áreas más vulnerables de Antioquia, donde la presencia de grupos armados ilegales sigue siendo una amenaza constante para las comunidades locales.
“El fin de semana pasado, los habitantes de la vereda Plaza Nueva, donde ya han ocurrido enfrentamientos, volvieron a reportar la presencia de estas estructuras armadas”, añadió, señalando que la Fuerza Pública debe mantenerse en estas zonas para proteger a los ciudadanos que viven en lo más apartado de la ruralidad.
El gobernador de Antioquia enfatizó que es fundamental que el Gobierno y el Ejército sigan combatiendo el crimen en estos territorios, donde las disputas entre las disidencias de las Farc y otros grupos armados, como el Clan del Golfo, han dejado varias víctimas en los últimos meses.
Acuerdo entre el Gobierno y disidencias de las Farc
El Gobierno nacional y la disidencias de las Farc de alias Calarcá acordaron extender el cese al fuego bilateral por seis meses adicionales, en un esfuerzo por continuar avanzando en el proceso de paz. Este acuerdo se alcanzó durante el sexto ciclo de diálogos que ha tenido lugar en Bogotá desde el 11 de octubre de 2024.
La extensión del cese al fuego comenzó a regir a partir de las 00:00 horas del 16 de octubre de 2024 y se mantendrá vigente hasta las 00:00 horas del 15 de abril de 2025, ofreciendo un período de tregua en el conflicto armado que afecta a varias regiones del país.
El decreto 1280, firmado por el presidente Gustavo Petro el 15 de octubre de 2024, ratifica esta prórroga del cese al fuego. El acuerdo se aplica específicamente a las estructuras del Estado Mayor de los bloques Comandante Jorge Suárez Briceño, Comandante Gentil Duarte del Magdalena Medio y el frente Raúl Reyes de las Farc-EP. Estas facciones siguen participando activamente en los diálogos de paz con el Gobierno Nacional, apostando por una solución negociada al conflicto armado en Colombia.
El cese al fuego inicial fue acordado el 16 de octubre de 2023 en Tibú, Norte de Santander, como parte de los compromisos entre el Gobierno y el Estado Mayor Central. Sin embargo, es importante señalar que solo las disidencias bajo el mando de Calarcá Córdoba han mantenido su participación en el proceso, ya que otro sector, conocido como el ala de Mordisco, se retiró en marzo de 2024, lo que generó algunos desafíos para las negociaciones.
La prórroga de este alto al fuego ha sido recibida con expectativa por las comunidades más afectadas por el conflicto, ya que, aunque no pone fin definitivo a los enfrentamientos armados, ofrece un respiro significativo para la población civil. La medida busca promover una transformación efectiva en los territorios y asegurar el respeto a las normas de protección a las comunidades más vulnerables.
A pesar de las dificultades enfrentadas en el último año, el proceso de paz con la disidencia de Calarcá es visto como un paso clave hacia la construcción de un acuerdo de paz más amplio y sostenible en el país. Se espera que, con esta prórroga, se continúe trabajando en la consolidación de contenidos que fortalezcan el proceso y se priorice la protección de los derechos de la población civil.
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