Señalan de prevaricato a magistrados del Consejo Nacional Electoral que investigan al presidente Gustavo Petro

En un entorno de creciente tensión política en Colombia, se han presentado denuncias contra magistrados del Consejo de Estado y del Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio de una investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro por una presunta violación de topes electorales.

Según se informó, las denuncias fueron radicadas ante la Comisión de Acusación de la Cámara y la Fiscalía, respectivamente el viernes 11 de octubre.

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“La denuncia fue asignada a la Fiscalía Delegada ante la Corte, donde además cursan algunas investigaciones también por temas de financiación de campaña a la Presidencia de la República, entre ellas, por asignación especial, la de quien fuera gerente de la campaña del hoy presidente, doctor Gustavo Petro. El tema es que las investigaciones están avanzando, se está trabajando en ellas, que es la garantía que yo les puedo dar”, dijo la fiscal General, Luz Adriana Camargo.

La controversia se originó cuando el Consejo de Estado ratificó la competencia del CNE para investigar administrativamente al presidente Petro, mientras que la Comisión de Acusación de la Cámara reclamaba jurisdicción sobre el caso. Esta decisión fue objeto de críticas y llevó a que los magistrados Ana María Charry, María del Pilar Bahamón y John Jairo Morales, del Consejo de Estado, sean acusados de prevaricato por acción y abuso de la función pública.

Así mismo, los siete magistrados del CNE que votaron a favor de investigar al presidente también enfrentan denuncias por prevaricato, según la fiscal Luz Adriana Camargo, quien trasladó el caso a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Esta situación ha intensificado las críticas del presidente Petro, que calificó las acciones como un intento de golpe de Estado.

A pesar de la polémica, expertos coinciden en que el proceso no resultará en la destitución del presidente, ya que dicha facultad recae exclusivamente en la Comisión de Acusación de la Cámara. El jurista Rodrigo Uprimny, de la corporación Dejusticia, resaltó que el fuero presidencial de Petro permanece intacto, ya que el CNE no tiene potestad para destituirlo ni suspenderlo.

La investigación del CNE podría culminar en una sanción administrativa, como una multa para el candidato y los demás implicados, que oscilaría entre el 1% y el 10% de los recursos que el Estado entregó a la campaña. Sin embargo, el proceso podría extenderse por al menos ocho meses antes de llegar a una resolución.

Conexión entre financiamiento de vuelos de Petro y posible captadora ilegal bajo investigación del CNE

En el desarrollo de la investigación sobre el presidente Gustavo Petro, el Consejo Nacional Electoral (CNE) identificó inconsistencias en la documentación de vuelos realizados por el mandatario y su equipo cercano. Según la información, la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) no presentó los permisos de vuelo requeridos por la Aeronáutica Civil y anuló seis de las nueve facturas electrónicas emitidas por estos viajes.

Además, se señaló una posible conexión con la captadora ilegal DailyCop, que podría haber financiado dichos vuelos. Este contexto ha generado una serie de acusaciones de prevaricato contra los magistrados del CNE que llevan a cabo la investigación.

La defensa de Petro sostiene que el CNE carece de facultades para investigarlo, argumentando que dicha responsabilidad recae en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. En respuesta, el presidente solicitó a esta última que haga público el expediente completo para que los ciudadanos puedan conocer las pruebas que, según él, demuestran su inocencia.

En paralelo, la demanda presentada contra los magistrados del CNE incluye una solicitud urgente para realizar una inspección oficial a la sala de la magistrada ponente, María del Pilar Bahamón, con el fin de obtener copias del trámite relacionado con el conflicto de competencias. También se pidió consultar a los magistrados sobre su conocimiento del caso.

Otro aspecto de la investigación se centra en el pago a más de 60.000 personas que actuaron como testigos electorales durante la campaña del Pacto Histórico en la segunda vuelta presidencial del 19 de junio de 2022. Parte del expediente también examina la omisión de información financiera en el aplicativo Cuentas Claras, específicamente sobre los fondos supuestamente aportados por el sindicato de maestros Fecode y la Unión Sindical Obrera (USO), así como una factura relacionada con publicidad.

La situación generó un debate sobre las competencias del CNE y la transparencia en el manejo de los recursos durante la campaña presidencial, lo que podría tener implicaciones significativas para el panorama político en Colombia.