En un operativo realizado en vía pública de la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) detuvieron a Edgar Armando Daza Díaz.
Este hombre, había sido condenado a 27 años de prisión por el homicidio del vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Jorge Luis Ortega García, perpetrado el 20 de octubre de 1998, indicó la Fiscalía General de la Nación la mañana del sábado 5 de octubre de 2024.
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La captura de Daza Díaz se produji tras casi dos décadas de haber eludido a las autoridades, luego de que el Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá lo declarara culpable de homicidio agravado en 2006. A pesar de la orden de arresto inmediata, Daza Díaz logró permanecer en libertad mediante la suplantación de la identidad de un familiar, según las autoridades.
El trabajo investigativo realizado por los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitió descubrir las maniobras ilícitas utilizadas por Daza Díaz para evadir la justicia. Durante el arresto, los investigadores hallaron una cédula de ciudadanía original, perteneciente a un familiar, que utilizaba para mantenerse oculto.
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En el momento de su juicio, fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentaron pruebas que indicaban que Daza Díaz había vigilado y seguido de cerca al líder sindical.
Este seguimiento que le hizo a Ortega García, lo hacía para alertar sobre sus movimientos y así establecer el lugar y el momento adecuados para cometer el asesinato. El sindicalista fue atacado con un arma de fuego en el conjunto residencial donde vivía en el sur de Bogotá.
El esclarecimiento del caso y la captura de Daza Díaz demuestran los esfuerzos continuos de las autoridades judiciales y del CTI para asegurar que se cumplan las penas impuestas por la justicia.
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El homicidio del sindicalista fue calificado como crimen de lesa humanidad
El asesinato de Jorge Luis Ortega García, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en 1998, ha sido declarado un crimen de lesa humanidad por la Fiscalía 75 especializada contra las violaciones a los derechos humanos. Este homicidio ocurrió el 20 de octubre de 1998, en el marco de un Paro General Nacional durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, en protesta contra la política de privatización de empresas estatales.
Ortega García, nacido en San Jacinto, Bolívar, en 1960, comenzó su carrera sindical a los 18 años mientras trabajaba en la Electrificadora de Bolívar. Allí se formó como dirigente sindical en Sintraelecol, Cartagena. En 1990, fue elegido miembro del Comité Ejecutivo de la CUT, donde luchó por el bienestar de los trabajadores y la defensa de las empresas estatales como bienes públicos, según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
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En marzo de 1994, Ortega fue víctima de un montaje judicial, una forma de persecución sindical, y fue encarcelado injustamente bajo la acusación de estar vinculado con el grupo insurgente ELN.
Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación a su favor el 28 de diciembre de 1998, demostrando su inocencia, añadió el colectivo.
A pesar de su liberación, Ortega García continuó siendo objeto de persecución. Su asesinato, ahora reconocido como crimen de lesa humanidad, subraya la gravedad de los ataques contra líderes sindicales en Colombia, un país donde la defensa de los derechos laborales ha sido históricamente peligrosa.
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Con su captura se espera que el expolicía purgue la condena que se dictó, dejando este hecho como precedente para los crímenes en contra de líderes sindicales en el país.
Por último, el 14 de septiembre de 2024, el Ministerio de Trabajo indicó que Colombia ha sido escenario de una alarmante cantidad de violaciones a los derechos de los sindicalistas en las últimas décadas. Entre 1971 y 2023, se han registrado 15.810 casos de violaciones a la vida, libertad e integridad de miembros del movimiento sindical, indicó el gobierno colombiano, en medio de un proceso de reparación colectiva para este grupo, reconocido como víctima del conflicto armado, denominado “Reparar los sueños de libertad”.
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Este reconocimiento que se le otorgó al movimiento se hizo a modo de homenaje a los 3.323 sindicalistas asesinados entre 1971 y 2023; los 449 que sufrieron atentados contra su vida; 254 trabajadores sindicalizados víctimas de desaparición forzada; 7.884 amenazados de muerte y los 1.987 trabajadores y dirigentes desplazados.
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