
Durante la Cumbre de Petróleo y Gas, la firma Jaime Arteaga y Asociados dio a conocer los hallazgos de la sexta edición del Barómetro Petrolero. Este estudio, que se inició en 2019, se dedica a analizar la evolución de las percepciones, preocupaciones y expectativas relacionadas con la industria del petróleo y el gas en Colombia. Para llevar a cabo este análisis, el Centro Nacional de Consultoría realizó encuestas a más de 3.350 personas, incluyendo ciudadanos, funcionarios gubernamentales y directivos de empresas del sector.
Los resultados revelaron que, a pesar de una ligera caída, el 80% de los colombianos considera que la industria petrolera tiene un impacto positivo en el país. Este porcentaje representa una pequeña disminución en comparación con el 81% que se registró en 2023, lo que indica una tendencia a la estabilidad en la percepción pública sobre este sector vital para la economía nacional.
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Una tendencia similar se observó entre las personas que opinaban que la industria del petróleo y gas era beneficiosa para su municipio. En este caso, la percepción positiva disminuyó del 83% en 2023 al 81% en 2024. Sin embargo, el panorama se tornó más alentador en las áreas productoras de hidrocarburos, donde un notable 83% de los residentes afirmó que la industria petrolera tenía un impacto positivo para el país en general, y un 87% expresó que sus beneficios eran evidentes en sus comunidades locales.
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Este crecimiento en la percepción favorable hacia la industria también se reflejó en el apoyo a la realización de actividades petroleras en los municipios. En 2019, solo el 52% de los habitantes de las regiones productoras respaldaba este tipo de actividades, mientras que en el 2024, ese número ascendió a un 70%. A nivel nacional, el respaldo se incrementó del 42% al 57% durante el mismo periodo de cinco años, aunque se registró una ligera disminución de dos puntos en comparación con el 59% del año anterior.
Así mismo, el Barómetro Petrolero presentó hallazgos significativos respecto a la percepción que los colombianos tienen sobre las empresas de petróleo y gas, alcanzando un récord de aprobación. Según los resultados, el 68% de la población tiene una imagen favorable de las compañías del sector, cifra que se eleva al 72% en las regiones productoras de hidrocarburos.
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Adicionalmente, el 78% de los encuestados reconoció que la industria petrolera y gasífera promueve el desarrollo y genera oportunidades económicas para las comunidades en las que opera. Este apoyo se complementó con la opinión de un 74% de los participantes, quienes consideran que el sector podría coexistir con otras actividades económicas, como el turismo y la agricultura, sin comprometer la integridad de estas.
Un aspecto importante que también se destacó en la encuesta fue la percepción de transparencia respecto a las regalías generadas por la industria. En 2020, un 43% de los colombianos pensaba que estos recursos se destinaban a la corrupción. Sin embargo, esta percepción había mejorado de manera continua, alcanzando solo un 32% en 2024, lo que indicaba una creciente confianza en la gestión de estos fondos.
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En contraste, las opiniones sobre las entidades gubernamentales reflejaron cierta desconfianza. Entre los habitantes de los municipios productores, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) fue identificada como la institución que menos confianza generaba, con un 20% de aprobación.
De igual forma, el Ministerio de Minas y Energía recibió una evaluación negativa, con solo un 40% de los encuestados expresando confianza en su gestión. De manera similar, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y las Corporaciones Autónomas Regionales también lograron una aprobación de tan solo 43%.
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Por otro lado, la percepción sobre el Ministerio de Medio Ambiente fue más favorable, ya que el 54% de los participantes manifestó confianza en su labor. Además, los gremios empresariales fueron respaldados por un 53% de los encuestados, mientras que el 49% expresó una opinión positiva sobre las empresas petroleras.
El estudio también abordó la cuestión de la transición energética, revelando que alrededor de seis de cada diez personas estaban familiarizadas con el concepto. De esta muestra, un 95% opinó que la transición energética requería un tiempo adecuado para llevarse a cabo de manera justa en el país.
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Además, el 93% de los encuestados consideró que los países más desarrollados debían asumir una mayor parte de los costos de la descarbonización, en función de su contribución histórica a las emisiones de gases de efecto invernadero. En un giro significativo, el 70% afirmó que era posible abordar el cambio climático sin tener que reducir drásticamente las operaciones de petróleo y gas, sugiriendo que existían caminos alternativos para enfrentar la crisis climática sin comprometer la estabilidad del sector energético.
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