La Superintendencia de Salud informó que luego de la entrega del informe final por parte de la firma ATEB Soluciones Empresariales S.A.S., entidad mandataria encargada de finiquitar el proceso de liquidación de Cafesalud EPS, el superintendente Luis Carlos Leal Angarita, manifestó su preocupación por la enorme pérdida financiera para el sector tras un proceso cargado de irregularidades.
“De este proceso podemos decir de todo, menos que fue exitoso. Las IPS y los hospitales reclamaban una deuda por encima de los 8.8 billones de pesos, pero el liquidador reconoció tan solo 1.3 billones. Finalmente, terminaron pagándoles a los prestadores solamente 66 mil millones de pesos”, denunció el superintendente de Salud.
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Luis Carlos Leal también se refirió al elevado gasto del proceso de liquidación de Cafesalud, el cual alcanzó los 77.846 millones de pesos, mucho más de lo que se terminó reconociendo como deuda a IPS públicas, privadas y mixtas del país.
Supersalud detalló que luego del proceso de liquidación, se conoció que la extinta EPS no respondió ni siquiera por el 5% de su deuda, acrecentando con ello la enorme crisis del sistema de salud.
Además, resaltó varias irregularidades durante este proceso de liquidación que no se habían denunciado, como las prórrogas del proceso de mandato adoptadas sin un fundamento normativo claro, así como el no haber terminado la existencia legal de la entidad a pesar de haber declarado un desequilibrio financiero previo, lo que permitió un mayor gasto administrativo y de gestión.
De acuerdo con el análisis efectuado por la Oficina de Liquidaciones de la Supersalud, los honorarios del liquidador, que eran inicialmente por 144 millones terminaron convertidos en $391.924.432; y sobre el mandato, su valor se incrementó en más del doble, costando finalmente 1.215 millones.
Leal Angarita sostuvo finalmente que “esto, lamentablemente, no solo ha pasado en Cafesalud, sino que se ha repetido en distintas EPS que se han ido y que hacen que hoy la deuda reconocida a distintos prestadores ascienda a 8.4 billones, luego de haber reclamado más de 30 billones de pesos”.
Por estos y otros hallazgos la Superintendencia Nacional de Salud elevó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación para que las irregularidades cometidas tanto por el agente liquidador como por la entidad mandataria sean investigadas.
Supersalud detalló que durante el proceso de liquidación de Cafesalud sus acreedores reclamaban 8.8 billones de pesos. De los cuales la EPS en liquidación reconoció una deuda por 1.3 billones y solamente pagó 66 mil millones de pesos a sus acreedores.
En la denuncia, la Superintendencia Nacional de Salud detalló que ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control desde siete ejes fundamentales, dentro de los cuales se encuentra el correspondiente al de acciones y medidas especiales, cuyo objetivo es: ”adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplen funciones de Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza y monopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a otra entidad, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud”, según el numeral 5 del artículo 37 de la Ley 1122 de 2007, modificado por el artículo 124 de la Ley 1438 de 2011, en concordancia con el numeral del artículo 4 del Decreto 1080 de 2021.
Diego Trujillo Polania, apoderado de ATEB, destacó la importancia de este cierre al declarar: “Los contratos de mandato no pueden perpetuarse en el tiempo, por ello realizamos todas las gestiones necesarias y no escatimamos esfuerzos tendientes a lograr el cierre y terminación del contrato suscrito”.
Este enfoque resalta su compromiso con un proceso de liquidación ordenado y transparente, priorizando siempre la protección de los derechos de los usuarios y del personal que estuvo vinculado a la entidad.
Este proceso es el resultado de un trabajo de liquidación que se extendió por 12 años de operación, tres años desde su liquidación y dos años de post-liquidación.
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