Senadora Isabel Zuleta defiende derechos de petición que mandó a medios de comunicación

En los últimos días se registraron dos eventos que generaron controversia relacionados con medios de comunicación. La Superintendencia de Industria y Comercio, bajo el mando de Cielo Rusinque, figura cercana al gobierno Petro y crítica recurrente de los medios, irrumpió de manera sorpresiva en las sedes de Caracol TV, RCN TV y Noticias Uno. Sus funcionarios incautaron equipos informáticos, extrajeron copias de datos y accedieron a cuentas de correo administrativas, en un operativo de alcance desconocido.

Paralelamente, la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, remitió numerosos derechos de petición a diversos medios de comunicación. En dichos requerimientos, solicitó información detallada sobre sus finanzas, ingresos y composición accionarial.

Con respecto al segundo caso, la congresista Zuleta hizo una publicación en su cuenta de X en la que justificó los derechos de petición que envió a diferentes medios de comunicación diciendo que el derecho a la información es un derecho fundamental y se debe garantizar que sea de calidad, independientemente de que sea difundida por medios públicos o privados.

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En su mensaje, la senadora cercana al Gobierno nacional dijo que no se estaba metiendo con las reservas de las fuentes periodísticas de los medios de comunicación. “Una cosa es la reserva de sus fuentes periodísticas, con lo que nadie se está metiendo, pero otra bien diferente es la del poder económico detrás de sus campañas de miedo y de odio”.

La senadora Isabel Zuleta continuó su mensaje cuestionando si está prohibido solicitar información sobre la financiación y propiedad de los medios de comunicación y si la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) carece de autoridad para supervisar su comportamiento comercial, incluso cuando se trata de una queja presentada por una empresa privada. Zuleta argumenta que calificar estas acciones como ataques a la libertad de prensa o persecución es una interpretación que busca evadir una mayor transparencia y responsabilidad en el sector mediático.

“Si el acceso a la información es un derecho fundamental y se debe garantizar que sea de calidad, independientemente de que sea difundida por medios públicos o privados”, agregó la legisladora perteneciente a la Comisión Quinta del Senado de la República.

Además, abrió los siguientes interrogantes en su publicación de X: “¿Por qué les parece escandaloso que aspiremos a diferenciarla de la propaganda pagada? ¿Por qué les parece una afrenta a su independencia preguntar de dónde proviene el dinero con que sostienen su amplio despliegue mediático y quién se beneficia finalmente de lo que dicen a diario?”.

Asimismo, criticó que los medios no cumplen con la transparencia que, según ella, tanto pregonan, ya que, de acuerdo con su mensaje entregan solo los datos que consideran convenientes, actuando con la misma parcialidad con la que presentan sus noticias. “La transparencia de la que tanto hablan no se cumple cuando entregan solo los datos que les parece conveniente dar, con parcialidad, como sus noticias”, dijo.

Y es que, en su solicitud formal, la senadora del Pacto Histórico exige a los medios de comunicación una relación detallada de sus principales fuentes de financiación, incluyendo el porcentaje que cada una representa dentro del total de los ingresos. Además, requiere información completa y actualizada sobre la composición accionaria, especificando nombres de accionistas, proporciones de participación y si existen accionistas mayoritarios o controladores.

La senadora también demanda la entrega de un informe detallado de todas las actividades comerciales realizadas, así como el balance financiero del último año. Este balance debe incluir el estado de resultados, el balance general y cualquier información relevante que refleje la situación económica de la empresa.

La senadora Zuleta basa su solicitud de información de una empresa privada en el artículo 258 de la Ley 5, el cual permite a los congresistas requerir cualquier tipo de información a funcionarios autorizados para proporcionarla. Sin embargo, este derecho se aplica a funcionarios públicos y no a particulares.