
Los desmanes en el estadio Atanasio Girardot, que forzaron la suspensión del encuentro entre Atlético Nacional y Junior, generaron una profunda preocupación en las autoridades y organismos de control. Uno de los puntos más alarmantes que salió a la luz es la ausencia total de efectivos de la Policía dentro del escenario deportivo, una situación que motivó a la Procuraduría General de la Nación a iniciar una verificación para esclarecer qué falló en la seguridad.
La procuradora Margarita Cabello fue enfática al señalar que esta falta de control no es un problema nuevo, y que la entrada de objetos peligrosos como armas blancas sigue siendo una amenaza latente en los estadios del país. “Estamos verificando esa situación. Evidentemente lo que sabemos es que sigue existiendo falta de control con relación al ingreso de las personas al estadio. Debería haber más control para evitar el ingreso de armas blancas, armas cortopunzantes y toda esa serie de elementos que ayudan a que la agresión sea mucho más dañina”, afirmó Cabello en el marco del Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios, organizado por Fenalco.
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A pesar de tratarse de eventos privados, la procuradora destacó que el fútbol se convirtió en una actividad de gran relevancia pública, debido a su impacto en la vida cotidiana de los colombianos. Esta relevancia exige una mayor responsabilidad tanto de los organizadores como de las autoridades.
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“Debemos requerirle a las autoridades y a la fuerza pública sobre cómo están actuando, qué está pasando. Casi que es lo mismo que estamos reclamando en otros escenarios del país frente a los temas de seguridad. Esto no es nuevo”, agregó, haciendo un llamado a replantear las estrategias de control y seguridad en eventos masivos.
Uno de los aspectos más cuestionados por Cabello fue la planificación y organización de los partidos de fútbol en Colombia, especialmente la relación entre los equipos y las barras. “Sabemos que las barras, y no voy a discutir si eso es bueno o eso es malo, tienen participación y están apoyadas por equipos. Por eso, los equipos deberían tener responsabilidad frente a la posición de los partidos y el actuar de esas barras”, explicó, señalando que los clubes no pueden deslindarse de la conducta de sus hinchadas.
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Aunque en el pasado se implementaron sanciones para reducir la violencia en los estadios, estos esfuerzos no fueron lo suficientemente efectivos, según la procuradora. “Pero es algo que vuelve y se repite, lo que quiere decir que el efecto de las medidas no son lo suficientemente persuasivos o disuasivos para que dejen de ocurrir. Hay entonces también que trabajar con las barras, que los equipos que las apoyen de alguna manera, para concientizarlos del deber que tienen de liderar un buen ejercicio y un buen comportamiento dentro de los estadios”, mencionó.
En cuanto a las soluciones, Cabello destacó la importancia de usar tecnología y mejorar la coordinación entre distintas entidades para garantizar la seguridad en los eventos deportivos. “Tiene que haber un trabajo articulado de varias entidades. No puede ser aislado. Es preocupante pensar que no había un policía dentro del estadio. Pensar que no hubo control es preocupante”, reiteró, lamentando la ausencia de una fuerza policial visible en el estadio durante los disturbios.
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Para finalizar, la procuradora hizo un llamado tanto a la Federación Colombiana de Fútbol como a los clubes para que trabajen de manera más cercana con la fuerza pública y las barras organizadas en la búsqueda de soluciones efectivas. “El llamado que podemos hacer es a que se sienten y miren más a fondo porque las soluciones que se están dando hasta ahora, si bien han dado resultados, no han sido suficientes. La Procuraduría está dispuesta a sentar a todas las partes y a realizar ese tipo de mesas de trabajo para salir adelante, porque el fútbol es una pasión que hay que seguirla protegiendo”, aseguró.
Cabello también recordó que el interés público está en juego, razón por la cual la Procuraduría viene interviniendo en el tema. “Por eso estamos averiguando qué pasó frente a los servidores públicos que tenían que actuar como fuerza pública para ver si hay alguna omisión que tengamos que vigilar, pero también nos sentamos en mesas de trabajo para esta articulación”, concluyó.
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