Luego de que se confirmara el cierre de los cementerios distritales en Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) argumentó la decisión en una serie de incumplimientos contractuales por parte del concesionario encargado de su operación. Esta noticia fue confirmada por Juan Pablo Estrada, asesor externo de la Uaesp, que proporcionó un desglose detallado de las faltas cometidas.
“En ese empalme se evidenció que había muchos informes de presunto incumplimiento por parte de la interventoría, y varios procedimientos sancionatorios en curso. La actual administración, no solo asumió la tramitación de los procesos que estaban en curso, sino que ya había una declaratoria de incumplimiento y había cuatro multas de apremio al contratista al momento de asumir el control de la Uaesp la doctora Consuelo Ordóñez”, aseguró Estrada.
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Estrada añadió que la actual administración, encabezada por la doctora Consuelo Ordóñez, no solo asumió la responsabilidad de tramitar los procesos que ya estaban en marcha, sino que también se encontraron más irregularidades. Además, durante la vigente administración emergieron nuevos informes de incumplimientos, lo que agravó la situación: “En lo que va corrido de la actual administración, aparecieron informes de otros ochenta y seis incumplimientos por parte del contratista, todos reportados por la firma que hace la interventoría de este contrato de concesión”, detalló el asesor.
La decisión de cerrar estos cementerios, aunque controvertida, se justificó por las múltiples infracciones registradas y las dificultades para asegurar el cumplimiento contractual, por lo que desde la Uaesp explicó que todas las sanciones y decisiones se han tomado conforme a las leyes y reglamentos vigentes: “El recurso se resolvió y como consecuencia de esa nueva sanción se producen dos incumplimientos en un mismo periodo, lo que hace que sobrevenga en el contratista una inhabilidad que le impide continuar ejecutando el contrato”.
La respuesta del concesionario
En declaraciones para Caracol Ahora, Eder Parada Carreño, representante legal de Jardines de Paz, concesionario de los cuatro cementerios distritales que hay en Bogotá, explicó que los cierres y los incumplimientos fueron fabricados por Consuelo Ordóñez, directora de la Uaesp.
“Realmente, hay que entender que esto no es algo que se generó con la actuación de la Uaesp del día viernes, esto es un proceso que viene desde enero y que viene tejiendo la señora Consuelo Ordóñez a través de procesos exprés de incumplimiento que son debidamente fabricados por ella donde no hay valoración de las pruebas que nosotros hemos venido entregando, donde no existe un debido respeto ni garantía al debido proceso que nosotros deberíamos tener”.
Eder Parada Carreño explicó que los cementerios distritales permanecen cerrados, aunque se realizó una excepción temporal para los comerciantes independientes: “En este momento siguen, lo que se hizo, temporalmente, fue hablar con los independientes que tienen inversiones, floristeros que realizaron una inversión importante para este fin de semana, cuya mercancía me dicen que están terminando al rededor de mañana martes y me solicitaron que pudieran continuar laborando mientras esta situación se pueda solucionar, pero fui muy claro con ellos que máximo lo que podía hacer era que hasta el día de mañana podían ingresar y realizar las ventas”.
Por otro lado, Parada Carreño sugirió que los supuestos incumplimientos que menciona la Uaesp son parte de un plan premeditado. Asimismo, Eder Parada agregó que notificaron sus preocupaciones a las autoridades desde abril, explicando que solicitaron la entrega anticipada de la concesión para evitar más conflictos. “Desafortunadamente, esto nosotros lo avizoramos desde abril, por esa razón fue que el 15 de abril de este año le solicitamos a la señora Ordóñez que preferíamos entregar la concesión de manera bilateral anticipada, y no lo quisieron recibir”.
Además, mencionó que han iniciado acciones legales para enfrentar lo que ellos consideran acusaciones infundadas: “El 22 de marzo nosotros hicimos una denuncia penal contra la señora Liliana Rodríguez Céspedes, que es la subdirectora de legales por falsa motivación en la resolución que terminó en un incumplimiento”.
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