Ministerio de Minas impugnó decisión de juez de Santa Marta que prohíbe la exploración de gas en Uchuva 2

El Ministerio de Minas y Energía impugnó la decisión de un juez de Santa Marta que prohíbe la exploración de gas en el pozo Uchuva 2, argumentando que esta medida, de ser confirmada, podría agravar la situación de oferta y demanda de gas en Colombia.

El pozo Uchuva 2, que está situado a 31 kilómetros desde las costa de la capital del Magdalena, en el mar Caribe colombiano, se encuentra en fase de perforación y es crucial para delimitar el descubrimiento de gas en el país.

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La importancia de esta exploración radica en que se estima que si se confirma su productividad, el campo Uchuva 2 podría incrementar significativamente las reservas de gas del país.

“El Ministerio de Minas y Energía ha decidido impugnar, con sólidos argumentos basados en el interés general, la decisión de un juez de Santa Marta que prohíbe la exploración de gas en el pozo Uchuva 2. Este paso busca garantizar que las decisiones se tomen con una base técnica robusta y una consideración equitativa de los derechos de los involucrados, incluidos los de las comunidades afectadas”, dice el comunicado del Ministerio.

Según datos del Informe de Recursos y Reservas (IRR 2023), este campo podría aportar un volumen recuperable equivalente al 20% de las reservas probadas (1P), al 32% de las reservas probadas más probables (2P) y al 45% de las reservas probadas más probables y posibles (3P).

“A fecha de 31 de diciembre de 2023, según el último Informe de Recursos y Reservas (IRR 2023), el descubrimiento Uchuva se encontraba en etapa de delimitación y carecía de historia de producción comercial. El pozo Uchuva 2, actualmente en perforación, ha sido diseñado para delimitar este descubrimiento y reducir las incertidumbres sobre el yacimiento, esencial para determinar su potencial comercial”, .

El fallo judicial se basó en la necesidad de cumplir con la consulta previa, un derecho fundamental de los grupos étnicos a decidir sobre medidas que se realicen dentro de sus territorios.

Sin embargo, el Ministerio argumenta que la decisión se debe tomar con una base técnica sólida y considerando de manera equitativa los derechos de todas las partes involucradas, incluidas las comunidades afectadas.

El Ministerio del Interior expresó su apoyo a la importancia de respetar los derechos de las comunidades étnicas, a través de un comunicado publicado el viernes 13 de septiembre, en el que destaca la importancia de la consulta previa sin dejar de lado los intereses generales del país. Esto resalta el compromiso del Gobierno nacional con soluciones que permitan un desarrollo económico respetuoso de los derechos fundamentales.

El Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales, reiteró el compromiso de su cartera con una gestión responsable de los recursos naturales que asegure el bienestar de todos los colombianos y la seguridad energética del país. En este sentido, el Ministerio comenzará tomando las acciones necesarias para asegurar que la evaluación y desarrollo del pozo Uchuva 2 se lleven a cabo de manera oportuna y efectiva.

“En el Ministerio de Minas y Energía reiteramos nuestro compromiso con una gestión responsable de los recursos naturales que garantice el bienestar de todos los colombianos y la seguridad energética del país. Por lo tanto, continuaremos tomando las acciones necesarias para asegurar que la evaluación y desarrollo del pozo Uchuva 2 se lleven a cabo de manera oportuna y efectiva”, dijo el ministro Camacho.

Este conflicto resalta la importancia del desarrollo de nuevos yacimientos de gas como un componente clave para la sostenibilidad energética a mediano plazo del país. El gas natural se considera un fluido de transición energética, que no sólo contribuiría al suministro de energías limpias a la población colombiana, sino que también generaría ingresos por regalías que se beneficiarían directamente a las regiones productoras.

El ámbito energético colombiano enfrenta retos importantes en el suministro y demanda de gas, y cada proyecto significativo en esta área tiene implicaciones directas en la economía y en los objetivos de sostenibilidad. La evolución de este caso será crucial para entender cómo se equilibrarán los derechos de las comunidades con las necesidades energéticas del país.