Tras acusaciones contra Jorge Alfredo Vargas, revelan por qué tres de las cuatro víctimas de presunto acoso sexual desistieron del juicio

Un nuevo giro dió la investigación contra el reconocido presentador de televisión Jorge Alfredo Vargas, luego de que tres de las cuatro víctimas, quienes lo habían acusado por el delito de presunto acoso sexual, anunciaran su salida del proceso judicial.

La novedad fue informada durante la audiencia de imputación realizada en la jornada del martes 4 de agosto de 2026, donde la fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Patricia Hernández, expresó el recibimiento de un oficio firmado por las tres demandantes.

Según el documento, que fue revelado por el periodista Daniel Coronell en el programa Reporte Coronell de Caracol Radio, las víctimas no solo renunciaron a ser representadas y manifestaron su voluntad de no declarar en un juicio contra el presentador de noticias.

Incluso, las denunciantes argumentaron ante la delegada judicial que “nunca presentamos denuncias penales” contra Vargas, sino que presentaron un reclamo laboral ante las directivas de Caracol Televisión, a lo que ellas consideraron como satisfactoria el tratamiento de su denuncia.

“No quieren ser representadas en el proceso, ni por abogado particular ni por la Defensoría del Pueblo”, expresa la misiva expuesta por el comunicador colombiano.

De otro lado, la cuarta presunta víctima sí decidió continuar con el proceso, por lo que designó como representante a la abogada Ana Bejarano Ricaurte.

Detalles de la audiencia contra Jorge Alfredo Vargas

Durante la audiencia judicial, la jurista y la fiscal Patricia Hernández pidieron que las presuntas víctimas fueran anonimizadas y que las diligencias futuras se realizaran bajo reserva.

No obstante, la jueza encargada del caso María Teresa Santacruz, pese a ordenar que el trámite fuera reservado, dispuso que la identidad de las presuntas víctimas sí fuera conocida por el procesado y por sus defensores que son la exvicefiscal general María Paulina Riveros y el penalista Juan David Bazani.

Bejarano advirtió que el poder que recibió no la autorizaba a revelar la identidad de su representada, y la jueza le pidió abandonar la diligencia. En esa misma audiencia, la fiscal imputó cargos a Jorge Alfredo Vargas, pero el periodista no los aceptó.

La salida de tres presuntas víctimas deja a solo una denunciante interesada en seguir en el caso. Pese a eso, la investigación no puede detenerse por esa sola razón, porque el presunto acoso sexual no es un delito querellable y la Fiscalía mantiene la obligación constitucional de agotar la etapa investigativa y, si corresponde, presentar escrito de acusación.

Por el momento, el caso sigue en fase preliminar y la imputación contra Vargas continúa vigente. Si la única denunciante activa también se retira o decide no comparecer, la causa podría quedarse sin elementos probatorios directos, una situación que haría inviable una eventual condena.

Entre tanto, el periodista colombiano habló por primera vez ante la opinión pública donde remarcó su inocencia del caso.

“Solo hasta hoy, durante la audiencia, conocí los hechos por los que se me señala. Quiero hacer énfasis en esto. Durante estos 137 días no conocí de manera concreta las acusaciones en mi contra”, declaró Jorge Alfredo Vargas en un video publicado en sus redes sociales.

Cronología del caso

El origen de este caso se remonta al 13 de marzo de 2026, cuando tres periodistas y una estudiante en prácticas de Caracol Noticias presentaron una queja ante el Departamento de Gestión Humana de la empresa.

Ese trámite interno derivó en un comunicado del canal el 20 de marzo para anunciar una investigación. Aunque inicialmente no se revelaron los nombres de los implicados en la denuncia, días después se reveló que, detrás de ello, se encontraban el presentador de noticias Jorge Alfredo Vargas y el periodista deportivo Ricardo Orrego. Cuatro días después, el 24 de marzo, ambos comunicadores salieron de la compañía.

Posteriormente, el 26 de marzo, el Ministerio de Trabajo ordenó una inspección laboral en las instalaciones del canal. Sin embargo, según lo revelado por el Reporte Coronell, lo que parecía inicialmente como un ejercicio pedagógico y preventivo, terminó convertido en una revisión de archivos del canal.

En esa inspección, la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, exigió la entrega de los documentos del área de Gestión Humana, mientras los abogados laboralistas de la empresa alegaron que allí había quejas recibidas bajo condición de confidencialidad.

Muñoz respondió que esa confidencialidad no podía oponerse a una inspección laboral. La diligencia fue difundida en redes sociales con videos, y luego el acta de la visita al canal fue filtrada por medios como Revista Semana y Revista Raya.

Al mismo tiempo, la queja de las cuatro presuntas víctimas fue trasladada del Ministerio de Trabajo a la Fiscalía General de la Nación para abrir actuaciones penales.

La fiscal general Luz Adriana Camargo conformó un grupo especial de investigación encabezado por una fiscal de alto nivel y apoyado por varios fiscales especializados en este tipo de casos.