
Este miércoles 18 de septiembre, comenzó el juicio en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, acusado de cometer 72 ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), ocurridos entre diciembre de 2001 y enero de 2003, cuando este se desempeñaba como comandante del Batallón de La Popa, de Valledupar, Cesar.
En el inicio de la audiencia judicial, que se adelanta en la Sección de primera instancia para casos con Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR) del Tribunal para la Paz de la JEP, y luego de presentarse el caso, el militar retirado aseguró que es inocente de los hechos presentados en el Caribe colombiano.
“Por la verdad y la historia que la JEP debe reconstruir por este país, por el respeto a las víctimas y por la dignidad de las instituciones, no puedo aceptar lo que nunca hice”, expresó el coronel en retiro, durante la audiencia que se lleva a cabo en la ciudad de Valledupar.
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Posteriormente, la Fiscalía de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA), a través de su director de fiscales, Giovanni Álvarez Santoyo, reiteró su solicitud de que el militar sea condenado a 20 años de prisión, al considerar que “ideó, diseñó y ejecutó a través de un Ilegal Aparato Organizado de Poder un plan criminal que consistió en asesinar personas de la población civil y presentarlas como bajas en combate”.
Durante la presentación, el funcionario mencionó: “Tenemos la información, las pruebas y la evidencia suficiente para pedir que se condene a Publio Hernán Mejía por los hechos de que es responsable durante su paso como comandante del Batallón La Popa (...) Es un día histórico para la Jurisdicción y para el esclarecimiento de la verdad y la garantía de los derechos de las víctimas de este país”.
De igual manera, el fiscal Álvarez Santoyo sostuvo que la realización de los 72 falsos positivos, “pretendía consolidar al coronel como el mejor oficial del Ejército Nacional”, y calificó estos crímenes como “el tren del horror: un caso de homicidios, desapariciones y torturas en el departamento del Cesar”.
También, el funcionario precisó que “todos estos delitos entrañan las más graves infracciones o violaciones, como lo calificó el Acuerdo Final. Delitos cuya ocurrencia generaron 72 víctimas distribuidas en 35 hechos y sobre las cuales no es aceptable, bajo ninguna circunstancia, haya caído un manto de impunidad”.
Finalmente, el fiscal de la JEP insistió que el coronel en retiro tuvo las garantías necesarias durante la investigación del caso, desde la apertura, hasta el juicio adelantado en la capital del Cesar.
“El hoy acusado Publio Hernán Mejía ha gozado de todas las garantías en este proceso, que no se construyó penando en darle beneficios a los victimarios, pero que lejos de los principios de la justicia vengadora, ha sido generoso en espacios que permiten el reconocimiento de responsabilidad y el aporte de verdad”, puntualizó.

Coronel Mejía insistió en su inocencia
Tras la intervención del fiscal UIA de la JEP, el turno fue para la defensa del coronel en retiro, Publio Hernán Mejía, quien calificó como ‘exabrupto’ las pruebas presentadas por el funcionario del tribunal, e insistió en que el militar retirado no tiene responsabilidad en los crímenes cometidos al interior del Batallón La Popa de Valledupar.
“Es un absurdo exigirle a un militar que controle a todos sus solados, en un terreno tan grande”, dijo Germán Guillermo Navarrete, abogado defensor de Publio Hernán Mejía.
Agregó que el nombramiento de Mejía Gutiérrez “no obedeció a ninguna política de Estado, de sacrificios o matanzas, sino una política de seguridad que se planteó desde el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Fue el mismo Pastrana el que lo mando porque era un soldado sin tacha (sic), no lo mando a ninguna de esas cosas ilegales, solo fue a asegurar la comunidad”.
A su vez, el defensor del coronel indicó que “la llegada del coronel Mejía Gutiérrez salvó al departamento del Cesar, los salvó de unas pestes que lo estaban agotando”.
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