Investigan irregularidades en contratos para la mejora de la Cuarta Brigada de Medellín

La Personería Distrital de Medellín inició una indagación previa en contra de funcionarios de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) por presuntas irregularidades en la expedición y firma de documentos durante 2024. La investigación se enfoca en la exgerente de la entidad, quien habría legalizado documentos de manera irregular en relación con contratos de construcción, lo que ha llevado a la apertura de este proceso de vigilancia administrativa e instrucción disciplinaria.

La indagación se centra en la ampliación y adición a los contratos 3302-320 y 3306-20, que superan los $10 millones de pesos, destinados a la mejora de infraestructura en la Cuarta Brigada de Medellín.

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La Personería Distrital aseguró que la indagación se realizará con estricto respeto al debido proceso y, en caso de que se identifiquen pruebas suficientes que señalen la existencia de reproches disciplinarios, se procederá con la apertura formal de una investigación: “(...) Si con las pruebas recaudadas se individualizan los presuntos responsables y se identifica la existencia de un reproche disciplinario, se procederá con la apertura formal de Investigación Disciplinaria y, de ser el caso, la formulación de pliego de cargos”, señaló la Personería Distrital.

Los hechos se remontan a comienzos de 2024, cuando la actual gerente del IDU, Luz Ángela González denunció que su predecesora, Margarita Contreras, continuó influyendo en decisiones contractuales tras su salida del cargo, lo que habría llevado a irregularidades en la firma y aprobación de documentos importantes.

En enero, el nuevo equipo directivo detectó ampliaciones sospechosas en contratos de obra e interventoría que aparentemente habían sido gestionados por la exgerente Contreras.

Según la versión de González, Contreras habría utilizado un chat para contactar a varios contratistas, instándolos a “legalizar ese asunto”, pese a que las adiciones no contaban con el aval del personal técnico de la EDU. González explicó, según El Colombiano, que al revisar la documentación, “no aparecía ninguna nota firmada en la casilla de ‘aprobó’, ‘revisó’ o ‘suscribió’”. Ante esta situación, la directora contractual de la entidad tuvo que emitir un documento certificando que no se habían aprobado adiciones ni prórrogas bajo su supervisión.

González interpuso una denuncia penal contra Contreras, argumentando que la exgerente estaba usurpando competencias y actuando fuera de su cargo oficial. La denuncia señala que Contreras estaba influyendo en decisiones contractuales de forma irregular, lo que planteaba serios cuestionamientos sobre la legalidad de las gestiones realizadas.

La denuncia de González también recuerda que, durante el mandato de Contreras, se presentaron otras irregularidades. A finales de 2023, se reportaron denuncias sobre una serie de nombramientos de contratistas afines a los gerentes designados durante la administración del exalcalde Daniel Quintero. Estos nombramientos, que supuestamente beneficiaron a personas vinculadas con la administración saliente, generaron sospechas sobre la transparencia de los procesos de contratación en la EDU.

Investigaciones paralelas en el ámbito militar

La indagación en la EDU no es el único caso de corrupción y mala conducta que ha salido a la luz recientemente. El 30 de agosto de 2024, la Fiscalía General de la Nación informó sobre un acuerdo con la coronel en retiro Martha Leonor Guío Vanegas. Guío Vanegas, que había sido condenada a cinco años y cuatro meses de prisión por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio, aceptó su participación en un esquema de corrupción en la Cuarta Brigada del Ejército Nacional en Antioquia.

La Fiscalía reveló que, mientras Guío Vanegas se desempeñaba como directora de la Central Administrativa y Contable del Ejército Nacional (Cenac), exigió un 10% del valor total de nueve contratos a ciertos oferentes a cambio de proporcionarles información privilegiada sobre las licitaciones. La oficial en retiro recibió $94 millones, que fue reintegrado tras la negociación judicial.