Uno de los casos de más alto perfil histórico que lleva poco más de una década en investigación está llegando a su punto culminante en la justicia colombiana. El Espectador reveló detalles del juicio contra diez exdirectivos de la multinacional bananera Chiquita Brands, que están siendo procesados por presuntamente financiar y apoyar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lideradas por Carlos Castaño, entre 1997 y 2004. El caso, que ha sido rodeado de un estricto secretismo por parte del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Antioquia, involucra pagos sistemáticos de hasta US $1,7 millones, que habrían sido utilizados para fortalecer la maquinaria paramilitar en Colombia.
Financiación encubierta o extorsión: la doble cara de los pagos
Según la investigación de El Espectador, los pagos de Chiquita Brands, canalizados a través de su filial Banadex, se hicieron tanto de manera directa a las AUC como de forma indirecta mediante las cooperativas de vigilancia Convivir. Mientras que algunos argumentan que estos pagos fueron extorsiones para evitar masacres de funcionarios de la compañía, la Fiscalía sostiene que se trató de una colaboración deliberada para fortalecer el proyecto paramilitar en el país.
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El Tribunal del Distrito Sur de Florida ya había concluido en junio pasado que estos pagos contribuyeron significativamente a avivar la violencia paramilitar en Colombia. Ahora, en Colombia, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía ha puesto bajo la lupa a diez exdirectivos, entre ellos cuatro extranjeros, que están siendo juzgados por concierto para delinquir. Estos exdirectivos habrían creado una “sociedad criminal” para financiar y promover actividades ilegales de las AUC.
Procesados de alto perfil y hermetismo en el juicio
Entre los procesados se encuentran Charles Dennis Keiser, antiguo gerente general de Banadex, y John Paul Olivo, excontralor de Chiquita Brands para Norteamérica. También están involucrados Fuad Alberto Giacoman Hasbun, excontralor de Chiquita en Colombia, y otros seis exdirectivos de la compañía. Todos ellos están siendo juzgados por presuntamente haber autorizado y facilitado pagos que, según la Fiscalía, se utilizaron para financiar a las AUC a través de las Convivir, lo que constituiría el delito de concierto para delinquir.
El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Antioquia ha mantenido un estricto control sobre el acceso a las audiencias, rechazando solicitudes de medios de comunicación, como la de El Espectador, para hacer públicas las sesiones. La jueza Diana Lucía Monsalve argumentó que la divulgación de los nombres de los procesados podría dañar irremediablemente su reputación, lo que ha generado críticas por parte de sectores que demandan mayor transparencia en un caso de tanta relevancia.
Testimonios clave y riesgo de prescripción
El caso cuenta con testimonios de alto perfil, incluyendo declaraciones de la exvicepresidenta y exministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez; el exdirector del DAS, Felipe Muñoz Gómez; y el exgobernador de Antioquia, Eugenio Prieto Soto. Sin embargo, aún están pendientes las comparecencias de los expresidentes César Gaviria y Ernesto Samper, lo que añade más tensión al juicio, ya que la defensa de las víctimas advierte que el caso podría prescribir en 2025 si no se agilizan las audiencias.
El proceso también ha sido marcado por testimonios de excomandantes paramilitares como Everth Veloza García, alias HH, y Raúl Hasbun, alias Pedro Bonito, quienes confirmaron que las Convivir fueron creadas para facilitar el cobro de dinero del sector bananero destinado a las AUC. Estos testimonios forman parte del voluminoso expediente que la Fiscalía ha estado construyendo desde 2007, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya había sancionado a Chiquita Brands con una multa de US $25 millones por estos mismos hechos.
El caso contra los exdirectivos de Chiquita Brands es uno de los más emblemáticos en la lucha contra la financiación de grupos armados ilegales en Colombia. Con la posibilidad de prescripción en el horizonte, la presión para llevar a cabo un juicio transparente y exhaustivo es alta. El Espectador seguirá de cerca los desarrollos de este juicio, que podría sentar un precedente en la manera en que la justicia colombiana maneja los vínculos entre empresas y grupos armados.
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