No paran los reproches por el reciente nombramiento de Jorge Carrillo, exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) durante la administración de Daniel Quintero y que ahora es la cabeza de ISA, una de las principales filiales de Ecopetrol en el sector energético.
De hecho, se ha puesto en duda la idoneidad de Carrillo en el cargo, pues en su paso por el conglomerado paisa fue causal de varias críticas y denuncias por supuestos actos irregulares y contratación indebida. Sin embargo, en las últimas horas se conoció una nueva irregularidad que está relacionada con el millonario contrato que suscribió con la compañía canadiense Canacol.
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De acuerdo con una investigación de El Colombiano, uno de los negocios más suculentos adjudicados durante esta administración terminó en manos de una firma china de papel, creada apenas días antes de la firma del contrato.
Según reveló el medio, el contrato implica la compra de gas por parte de EPM a Canacol, valorado en alrededor de cinco billones de pesos. El acuerdo requería la construcción de un gasoducto de 289 kilómetros, que iría desde los campos de Jobo, en Córdoba y Sucre, hasta Medellín. Este proyecto estratégico tenía un costo estimado de 400 millones de dólares.
El contrato de construcción del gasoducto, que inicialmente tendría a Promigas como ejecutor, fue retrasado inexplicablemente por el exalcalde Quintero, quien nunca proporcionó una razón clara para la demora. Para sorpresa de muchos, Canacol contrató a la empresa Shanghai Engineering Technology Corp (Setco), que resultó ser una firma de papel creada en Panamá pocos días antes de la firma del contrato.
La documentación notarial a la que tuvo acceso El Colombiano evidencia que Shanghai Engineering Technology Corp fue constituida mediante un cambio de nombre de la empresa International Superior Foods el 12 de octubre de 2022. Apenas doce días después, Canacol anunció públicamente el acuerdo con este supuesto consorcio chino para la construcción del gasoducto.
Incluso, en los documentos de conformación de la compañía no aparece el nombre de ningún ciudadano chino. De hecho, según se conoció, la compañía fue creada con cédulas de representantes panameños, por lo que no se entiende de dónde proviene su nacionalidad asiática.
Además, la presidencia de Setco fue asumida por Rodolfo José González Cáceres, un abogado colombiano vinculado previamente a Pacific Rubiales. En conversación con el medio nacional, González confirmó su vinculación, asegurando que: “Yo firmé el contrato a finales de octubre de 2022 y duré esperando un mes, un mes y medio, que me pusieran salario, formalizar las cosas, y en ningún momento lo hicieron”. González agregó que “la firma Setco no tenía una oficina en Colombia y necesitaban firmar el contrato con Canacol”.
Esta operación genera más preguntas respecto a las intenciones y los verdaderos beneficiarios del contrato. Incluso, los movimientos de EPM y Canacol tienen similitudes con operaciones reveladas en los Panama Papers, donde contratistas latinoamericanos utilizaban firmas de papel para ocultar maniobras irregulares. Además, la polémica contratación también recordó métodos similares utilizados por Emilio Tapia en el escándalo del carrusel de la contratación de Bogotá.
Personas cercanas al caso en Canacol señalaron a El Colombiano haber visto a Tapia con un grupo de rusos presentados como posibles beneficiarios del contrato del gasoducto, aunque estos desaparecieron del panorama tras el inicio de la guerra en Ucrania. Rodolfo González afirmó que fue recomendado por “un señor Hugo Jurado, un petrolero que vive hace muchos años en Moscú, Rusia”.
La situación se complica aún más cuando la compañía “china” se retiró del contrato, exactamente diez días antes de que el sucesor de Daniel Quintero, Juan Carlos Upegui, perdiera las elecciones por la Alcaldía de Medellín. De hecho, fuentes cercanas al proceso con Canacol aseguraron que el exalcalde recibió al menos dos “mordidas” del cuestionable contrato.
Mientras tanto, Canacol ha negado categóricamente cualquier irregularidad, insistiendo en que el contrato fue firmado por CNE OIL & GAS, otra de sus filiales.
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